El Supremo busca la unanimidad

Todas las miradas están puestas ahora en los magistrados del tribunal del procés, conscientes de que su decisión pasa por alcanzar la unanimidad para evitar polémicas y resquicios jurídicos con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el horizonte de los acusados. Seis hombres y una mujer a quienes se ha presentado como los últimos garantes del Estado de Derecho frente al desafío secesionista catalán, que tendrá un punto de inflexión cuando se dicte la sentencia, para la que no hay una fecha en concreto aunque todo apunta a que será siempre después del verano habida cuenta del volumen de la prueba a analizar en un juicio con 52 sesiones Una resolución a la que los líderes independentistas niegan credibilidad. De hecho, el president Quim Torra tildó el juicio de “farsa” nada más quedar el caso visto para sentencia este miércoles.

La trascendencia política de esa sentencia será innegable y las lecturas de lo que reflejen los hechos probados no serán compartidas por todos los actores implicados, lo que abrirá la puerta a un debate de alto voltaje. Torra quiere capitanear una respuesta unánime y “de país” a la sentencia, que se espera que esté dictada en septiembre u octubre.

La Junta Electoral cita a los eurodiputados para el lunes y deben jurar o prometer la Constitución

La ministra afirma que el juicio ha sido “modélico” en cuanto a “transparencia” y “garantías”

En este contexto, el tribunal aspira a alcanzar la unanimidad y no se contempla en la judicatura una resolución con votos particulares habida cuenta de la sensibilidad de la cuestión a tratar. Cualquier fisura en el tribunal podría tener consecuencias en la imagen de la Justicia porque al tratarse de la cúpula de la magistratura, muchos podrían interpretar esa quiebra como un síntoma de debilidad de uno de los poderes del Estado. Y es que en caso de ser condenados, las defensas acudirán en amparo al Constitucional antes de dar el último paso a Estrasburgo.

Pero antes, habrá que conjugar las distintas sensibilidades de los miembros del tribunal que ya han deslizado ligeras diferencias en el pasado con la calificación de los hechos y que han vivido el juicio con distinta intensidad y atención.

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, espera para el otoño una sentencia por unanimidad, y que una opinión progresista de uno de los magistrados y su poder de veto pueda arrastrar a los otros. Opina que el tribunal hará “abstracción” y no se dejará influir demasiado por los alegatos finales de los encausados. En todo caso, asegura que las defensas se sienten “reconfortadas” porque tanto los magistrados como los fiscales les dijeron que “la partida estaba bien jugada”. También apunta que puede acabar pasando que el tribunal de Luxemburgo termine fiscalizando el Supremo si no permite que Oriol Junqueras tome posesión del acta de eurodiputado.

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, dibuja la posibilidad de que el Tribunal Supremo opte por una condena por incitación a los desórdenes públicos, que supone una pena de prisión de 4 años, a pesar de que él continúa defendiendo absolución. Melero, que ha vuelto a mostrarse convencido de que los presos quedarán en libertad ahora que se ha acabado el juicio, opina que los que piden una sentencia contundente para escarmentar el independentismo están “insultando gravemente” el tribunal.

Por su parte, Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, tiene la “firmeza y la convicción” de que el Supremo será “valiente” y aplicará el derecho como en cualquier otro juicio.

Entretanto, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, afirma que el juicio por el procés ha sido “modélico” por su “transparencia” y “garantías”. Así lo dijo ayer a la prensa después de participar en la entrega del premio Jóvenes Juristas Garrigues, donde subrayó el “gran esfuerzo” que han hecho “los profesionales que han participado”, destacando al “tribunal, fiscales, Abogacía del Estado y las defensas”, omitiendo a la acusación popular ejercida por Vox.

La JEC lo impide estableciendo que los candidatos electos deben jurar o prometer el acatamiento de la Constitución en un acto que tendrá lugar el lunes 17 de junio a las 12 horas en el Congreso y advirtiendo que sólo entregará la credencial de proclamación de diputados electos cuando se haya producido este juramento o promesa. Por tanto, continúa la resolución del árbitro electoral, sólo comunicará al Parlamento Europeo “la relación de diputados electos que hayan cumplido el requisito de prestación de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución” y “en el momento en que se produzca este acatamiento”.

El abogado Gonzalo Boye, representante legal de Carles Puigdemont y de Toni Comín, y Lliures per Europa habían solicitado que les fuera remitida “de inmediato” el acta de proclamación de los electos.