Torra, procesado por desobedecer la orden de quitar los lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio ayer un paso más para sentar al president de la Generalitat, Quim Torra, en el banquillo de los acusados por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) en la que se le instaba a retirar los lazos amarillos y demás símbolos independentistas de los edificios y sedes del Govern durante el periodo electoral. Así, el magistrado Carlos Rubio dictó un auto en el que acordó el procesamiento de Torra por un presunto delito de desobediencia al entender que existen indicios de delito contra el jefe del Executiu. En este sentido, y en contra de la defensa del president, que instó al magistrado a archivar el procedimiento, Rubio señaló que, alternativamente, los hechos que se le imputan a Torra pueden ser también encuadrados en el delito de denegación de auxilio a la autoridad competente. Ahora, las partes disponen de diez días para solicitar la apertura de juicio oral contra Torra o pedir el sobreseimiento de las actuaciones. En caso de ser juzgado por desobediencia, el president se podría enfrentar a una condena de inhabilitación, como ocurrió en el caso de Artur Mas en relación con la consulta del 9-N de 2014. Sin embargo, al ser preguntado por este asunto, el propio Torra manifestó que su principal preocupación es el incendio declarado el miércoles en La Torre de l’Espanyol y que afecta a Bovera, en Les Garrigues, y Llardecans y Maials, en el Segrià (más información en las páginas 3, 4, 5 y 6).

En otro orden de cosas, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, el leridano Josep Borrell, anunció ayer que el Gobierno central va a recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior. Borrell aseguró que las nuevas oficinas proyectadas en México, Argentina y Túnez, y cuya inauguración dio a conocer hace unos días el conseller Alfred Bosch, suponen un “perjuicio para los intereses del Estado” en tanto que comportarían un “esfuerzo suplementario” de la diplomacia española para “contrarrestar la propaganda secesionista”.