El Constitucional avala la aplicación del 155 por la “situación excepcional”

Casi dos años después de la inédita aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, el Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad esta medida impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy por primera vez en democracia y que acabó con la destitución en bloque del Govern de Carles Puigdemont. Por el momento se desconoce el contenido íntegro de las sentencias, de las que solo se ha publicado el fallo, si bien fuentes del tribunal explican que estas abundarán en la proporcionalidad de una medida que, sin embargo, el TC estima que solo puede aplicarse en situaciones excepcionales de extrema urgencia. Como la que, según este argumento, ocurría en Catalunya tras la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la posterior proclamación de la declaración unilateral de independencia (DUI).

El máximo intérprete de la Constitución anuló esa declaración de independencia y ahora se ha pronunciado por primera vez sobre el 155 en dos sentencias que suponen un espaldarazo a la medida aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Alta. El Constitucional desestima casi íntegramente los recursos que presentaron Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Parlament.

Tan solo admite, y con ello anula, un precepto relativo a las publicaciones en los boletines oficiales. En concreto, la parte del acuerdo del Consejo de Ministros que privaba de efectos la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat en el Boletín Oficial del Parlament de disposiciones normativas o actos sin autorización del Gobierno central o en contra de lo dispuesto por éste.

El Gobierno central pide cerrar tres ‘embajadas’ catalanas El Gobierno central ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que cierre las delegaciones catalanas, “embajadas”, en Alemania, Suiza y Reino Unido por considerarlas “lesivas para los intereses del Estado y al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional”. El ministerio de Exteriores ha solicitado a la Abogacía del Estado que pida la “paralización de la actividad” de estas delegaciones ya que hacen “con singular intensidad” labores en favor de los objetivos del proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional por el TC.