El Govern confía que Borrell haga visible el conflicto catalán en la UE

El Govern afirmó ayer que la elección del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, como alto representante de exteriores en la Unión Europea contribuya a dar visibilidad al conflicto en Catalunya. Aunque la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, remarcó que la elección de Borrell no era de su agrado. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, celebrada excepcionalmente en la ciudad de Manresa, Budó dijo que la elección puede ser “positiva” si sirve para colocar la crisis catalana en el centro del debate europeo. Y añadió que su papel como ministro de Exteriores siempre se ha especializado en “encender fuegos diplomáticos allí por donde ha pasado”, por lo que si sigue “alimentando el conflicto” dejará de ser una causa interna y pasará a formar parte del debate europeo.

Budó también criticó que el ministro recurriera la apertura de delegaciones de la Generalitat en el extranjero e hizo una valoración positiva de las manifestaciones celebradas el martes en Estrasburgo. También criticó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no admitiera las medidas cautelares que pedía Puigdemont para poder recoger su acta de eurodiputado.

La decisión será recurrida por la ANC y el Consell per la República ante la justicia europea

Por otro lado, el director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Jordi Argelague, clasificó durante una comparecencia pública al PP como un partido de “extrema derecha”. Por su parte el PPC pidió la reprobación del director y estudia pedir su cese por que cree que esas palabras “le inhabilitan para el cargo por su sectarismo e imparcialidad”.

La UE rechaza sancionar a España como pide la ANC La Comisión Europea se ha negado a registrar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) impulsada por la ACN y el Consell per la República para abrir un procedimiento sancionador a escala europea contra España. Ambas entidades presentaron a principios de mayo un ICE para activar el artículo 7 de los tratados europeos que prevé un mecanismo para suspender los derechos al voto de un estado miembro de la Unión Europea que ponga en riego en estado de derecho. Las entidades pretendían que “tanto la Comisión como el Parlamento” tuvieran “conocimiento de la situación” en España respecto a la “falta de cumplimiento de la normativa europea”. Sin embargo, la petición no ha sido capaz de sobrepasar el primer filtro necesario para poder hacer una recogida de firmas que dieran apoyo a la iniciativa, ya que la CE aseguró que la ICE presentada “no invita” al Ejecutivo a hacer una propuesta “para llevar a cabo una acción legal” y ese es el “único objetivo” que puede tener una ICE. La Comisión también recordó que tiene competencias para “dialogar con un Estado miembro para prevenir las amenazas sistemáticas” pero la ICE no invita a la CE a “presentar una propuesta legislativa”. La decisión será recurrida ante la justicia europea por la ANC y el Consell per la República.