La Guardia Civil entra en dependencias de la Generalitat en busca de documentos del 1-O

La Guardia Civil entró ayer en el Palau de la Generalitat y en los departamentos de Trabajo y de Acción Exterior para reclamar documentos administrativos vinculados con la logística del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, después que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona emitiera la orden. Este juzgado, que investiga la organización de la consulta, procesa a 30 investigados por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación por la organización de la consulta del procés.

Los agentes entraron por la mañana vestidos de paisano y estuvieron más de tres horas en el interior de la Generalitat y de los diferentes departamentos.

El Gobierno espió la acción exterior del Govern para demostrar vinculaciones con el independentismo

El Govern califica la decisión de “sin sentido” y Torra cree que es necesario defender “cada derecho negado”

Los guardia civiles tenían órdenes de requerir al departamento de Presidència siete expedientes relativos a la contratación de la publicidad del Registro de Catalanes en el exterior y del anuncio de la consulta del 1-O, así como de la distribución de papeletas encargas presuntamente a la empresa Unipost. En Acción Exterior se personaron para recabar datos sobre el pago de la delegación del Govern en Ginebra del traslado y alojamiento de los observadores internacionales. En Trabajo reclamaron documentos relacionados con la contratación de la creación de la aplicación “Connecta’t al voluntariat”, una aplicación informática que las acusaciones creen que se creó para conseguir voluntarios para el 1-O. El juez también pretendía hacerse con la certificación de una factura a nombre de Pau Raventós, ex director general de la empresa Unipost, a la que presuntamente se encargó la distribución postal del referéndum y de la copia certificada de sendas resoluciones firmadas por el exsecretario de Presidencia Josep Maria Jové con los nombramientos de los responsables del Registro de Participación.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, dijo que la entrada de la Guardia Civil en la Generalitat y en los diversos departamentos no fue un registró sino que se trató de “un requerimiento de información y solo es uno de los muchos que se han llevado a cabo durante estos dos años”. Budó también aseguró que la presencia de los agentes es una evidencia de que existe una “represión” que hace más de dos años que “el Estado español aplica a diferentes mecanismos catalanes”.

Por otra parte, el Gobierno español espió la acción exterior del Govern en Europa para demostrar que las actividades que se llevaban a cabo estaba vinculadas con el independentismo y poder solicitar al Tribunal Superior de Justicia Catalana el cierre de las delegaciones catalanas en Londres, Ginebra y Berlín.

BARCELONA

La Fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación de cualquier cargo público y una multa de 30.000 euros para el president de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de los lazos amarillos y las pancartas a favor de la liberación de los políticos presos que se exhibían en los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral del 28 de abril. El fiscal entiende que Torra decidió desoír una primera instrucción de la JEC, presentando un escrito de reconsideración “aparentemente improcedente” ya que la resolución era firme. Así mismo, también desatendió un segundo aviso “evidenciando su desprecio a acatar las ordenes” substituyendo la pancarta con el lazo amarillo por otra igual pero con el lazo en blanco.

El Govern calificó la petición de Fiscalía de un “sin sentido” y Torra defendió que es necesario “volver a defender cada derecho negado”.

Por otro lado, la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo ha multado con 3.000 euros a Carles Puigdemont, Toni Comín y a la coalición electoral Lliures per Europa al considerar que actuaron con “mala fe procesal” al presentar unas medidas cautelares donde pedían que una reunión con la JEC fuera pública. Durante ese encuentro se tenían que recontar los votos, distribuir los escaños y proclamar a los electos de los comicios del Parlamento Europeo. Esta petición fue desestimada y se acordó abrir una pieza separada para interponer una multa.