Quim Torra, a juicio acusado de desobediencia por no retirar los lazos amarillos a tiempo

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ) Carlos Ramos ha enviado a juicio al president de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, o alternativamente de denegación de auxilio, por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos.

En un auto, que no se puede recurrir, el magistrado decreta la apertura del juicio oral a Torra, para quien la Fiscalía pide una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos de los edificios públicos el periodo electoral de las generales del pasado 28 de abril. El juez da diez días a la defensa del president, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, para que presente su escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones.

Torra continúa con la ACM su ronda de contactos para dar una respuesta unitaria a la sentencia del Supremo

Colau respalda que acuda a los plenos, medida contra la que ya se ha posicionado el fiscal ante el Supremo

El magistrado ha acordado enviar a Torra a juicio una vez la Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones, en que pide para el president una inhabilitación de un año y ocho meses para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito “local, autonómico, estatal o europeo” y una multa de 30.000 euros. Por su parte, el partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular, pide para Torra dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 72.000 euros.

El juez precisa que los escritos de acusación se basan por ahora “exclusivamente en indicios”, por lo que el hecho de que le envíe a juicio “no puede contener ni contiene ninguna declaración de culpabilidad del, desde ahora, acusado, que mantiene por tanto incólume su derecho a la presunción de inocencia”.

El magistrado expone, a partir del relato de las acusaciones, que Torra no cumplió en los plazos establecidos la orden de la JEC de retirar los símbolos “partidistas”, como lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos independentistas presos y exiliados, en el periodo electoral de las generales del 28A. En su escrito de conclusiones, la Fiscalía acusa a Torra de “evidenciar su desprecio” a acatar la orden que la JEC dictó el 11 de marzo pasado, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y esteladas de los edificios públicos durante la campaña, elementos que finalmente acabó retirando, aunque fuera de plazo.

La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, se refirió tras el Consejo de Ministros a la apertura de juicio oral diciendo que “hay un supuesto acto de desobediencia y por tanto el TSJC abre actuaciones”

Entretanto, Quim Torra se reunió ayer en el Palau de la Generalitat con el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, y el secretario general de la entidad, Albert Batalla, dentro de su ronda de contactos para intentar tejer una estrategia unitaria ante la sentencia del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.