TRIBUNALES ?PROCÉS?
Buch asegura que no cedió locales públicos durante el referéndum
Cuando era alcalde de Premià de Mar, en su declaración ante el juez || El Parlament hará una auditoría interna de sus comunicaciones para investigar espionajes
El conseller de Interior, Miquel Buch, declaró ayer como investigado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para responder por su presunta actuación durante la organización del referéndum del 1-O cuando era alcalde de la localidad barcelonesa de Premià de Mar. Buch aseguró a la jueza que él no dio órdenes de abrir locales municipales para facilitar las votaciones del referéndum realizado el 1 de octubre de 2017, alegando que el ayuntamiento “no tiene llaves de los colegios” y fue la sociedad civil la que se organizó. El conseller también aseguró que después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el decreto de convocatoria del 1-O él no firmó ninguna actuación más como alcalde, solo firmó un decreto de apoyo político a la consulta antes de que se decretara su suspensión. La causa contra Buch fue archivada a finales de enero en lo relativo al papel que jugó como presidente de la Associació de Municipis de Catalunya, pero fue reabierta a petición de la Fiscalía al estimar que el conseller no había respondido sobre su participación en la cesión de locales en Premià. Busch llegó al TSJC arropado por el president Quim Torra y gran parte de la cúpula del departamento de Interior de la Generalitat y varios consellers. El portavoz parlamentario de JxCat, Eduard Pujol, acusó al Estado y los tribunales españoles de “perseguir judicialmente” a los políticos independentistas que actuaron “de acuerdo con la democracia” y lo tildó de “desfile permanente de la vergüenza”.
En otro orden de cosas, la Mesa del Parlament decidió ayer hacer una auditoría de seguridad interna sobre las comunicaciones de la Cámara después de los presuntos espionajes por parte del ministerio de Exteriores. Fuentes parlamentarias aseguraron que correos del vicepresidente del Parlament, Josep Costa, aparecían en el informe presentado por el ministerio de Josep Borrell ante el Tribunal de Justicia de Catalunya que pedía cerrar las embajadas catalanas en Londres, Ginebra y Berlín.
Amplían la querella por extorsiones a la Banca Privada Andorrana a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz
Por otro lado, la entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d’Andorra presentaron a la Batllia de Andorra una ampliación de la querella del 23 de mayo del 2017 interpuesta por extorsiones a la Banca Privada Andorrana contra cuatro policías españoles. En esta ampliación se añaden al expresidente del PP Mariano Rajoy y a los exministros de Hacienda Cristóbal Montoro y de Interior Jorge Fernández Díaz, a los que acusan de haber ordenado a los agentes presionar a los responsables del banco para conseguir las cuentas bancarias que Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol tenían en Andorra. Según estas dos entidades, que ejercen de acusación popular, el excomisario José Manuel Villarejo admitió que eta maniobra enmarcada en la “operación Catalunya” fue ordenada por dirigentes políticos del ministerio de Interior en la época de Fernández Díaz.
BARCELONA
La portavoz del Gover, Meritxell Budó, anunció ayer tras el Consell Executiu que la conselleria de Economía, que pilota el vicepresident Pere Aragonès, “ha comunicado la voluntad de llevar a cabo los Presupuestos de la Generalitat de 2020”. Budó recalcó que la voluntad del Executiu no es solo elaborar las cuentas, “sino poderlas ejecutar”, por este motivo no quiso cerrar las puertas a posibles pactos con formaciones que no forman parte del actual equipo de Govern. Budó no fijó socios prioritarios a la hora de negociar las cuentas, asumiendo que JxCat y ERC no tienen “mayoría parlamentaria” suficiente para sacarlos adelante y deberán convencer a al menos un grupo de la oposición. “Nosotros no nos cerramos a buscar alianzas para poder aprobar los Presupuestos, no tenemos mayoría parlamentaria. Estamos abiertos a negociaciones y en los próximos días trabajaremos nuestras alianzas y socios preferentes”, aseguró. La portavoz no descartó negociar con el PSC, pese a que los pactos locales y el pacto de la diputación han sido fuente de discrepancia entre los dos socios del Govern.
Durante las negociación de las cuentas de 2019 que no llegaron a salir debido a la aplicación de artículo 155, el Govern fijó a los comuns como sus socio prioritario ante la negativa desde de la CUP a llegar a un acuerdo con ellos. Durante las negociaciones de esta partida presupuestario se llegó a realizar reuniones con responsables del partido socialista.
Budó se apoyó en la elaboración de estos nuevos presupuestos para descarta un adelanto electoral en Catalunya como respuesta a una eventual sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el juicio del 1-O. Según la portavoz, el president Torra lleva meses reuniéndose con diferentes partidos, entidades, sindicatos y patronales para buscar una posición unitaria sobre cómo reaccionar a la sentencia, y aseguró que el escenario del adelanto electoral “no ha estado encima de la mesa en ninguna de ellas”.
El Tribuna Supremo aseguró que la lectura de la sentencia para los nueve dirigentes independentistas no se hará pública hasta septiembre o octubre.