PANORAMA
¿Y ahora qué?
Después del fracaso de la investidura de este jueves
El Congreso de los Diputados tiene desde el martes dos meses para investir a un presidente del gobierno español antes de que se disuelvan automáticamente las cámaras y se convoquen nuevas elecciones españolas. Después del fracaso de la investidura de este jueves, en el que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha obtenido los apoyos necesarios, empieza una cuenta atrás que culminará el 23 de septiembre, día en que se convocarán unos comicios si antes no ha habido una investidura exitosa. Se repetiría así lo que pasó el año 2016, cuando después de la también investidura fallida de Sánchez del mes de marzo, se volvió a convocar a los ciudadanos a las urnas para el mes de julio.
La presidenta de Congreso, Meritxell Batet, comunicará en las próximas horas los resultados de la votación fallida al rey Felipe VI, quien podrá abrir una nueva ronda de consultas con el fin de proponer que Sánchez u otro aspirante formen gobierno. Si decide no hacerlo o no hay un candidato exitoso antes de dos meses, se disolverán tanto el Congreso y como el Senado y estará elecciones 47 días después, es decir, el domingo 10 de noviembre. Es el mismo escenario que se vivió en el 2016, cuando lo entonces presidente del Congreso Patxi López tuvo que comunicar la situación al rey y firmó el decreto de disolución de las cámaras en mayo de 2016 y se celebraron unas elecciones en verano que, después de meses de negociaciones y presiones al PSOE para que se abstuviera -con la dimisión de Sánchez como líder socialista incluida-, llevaron al popular Mariano Rajoy a revalidar la presidencia.El PSOE parte ahora mismo como favorito en caso de repetición electoral ya que las encuestas le auguran unos resultados mejores que los 123 diputados que tiene ahora mismo. Ahora bien, estos mismos sondeos auguran una bajada de Unidas Podemos que podría dejar en minoría el bloque de izquierdas en la cámara baja española y favorecer una alianza del PP, Cs y Vox como la que se ha producido a los gobiernos de Andalucía y Murcia.