La UE actúa contra España por incumplir 9 normativas

La Comisión Europea registro ayer en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de denuncias contra España por el incumplimiento de varias normativas comunitarias.

Además de llevar ante el TJUE el incumplimiento de la normativa de calidad del aire en Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat por sobrepasar los niveles máximos de nitrógeno, que la Comisión Europea anunció el miércoles, pidió al Tribunal que imponga a España una multa de 21.321 euros diarios por no incorporar a su ordenamiento jurídico una directiva europea de protección de datos, que debería haberse traspuesto a la legislación española en mayo de 2018. También anunció la apertura de un expediente sancionador por incumplir las normas europeas sobre el tiempo de trabajo al imponer normas específicas a los trabajadores de la Guardia Civil por las que no se les compensa por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al terminar su relación laboral.

La CE pide multar a España con 21.321 euros diarios por no aplicar la ley de protección de datos

Bruselas también anunció la apertura de un expediente sancionador por incumplir la normativa comunitaria sobre el número de emergencia 112, al no garantizar la accesibilidad plena a los usuarios con discapacidad y otra si en un plazo de dos meses no se cumple con las normas europeas para controlar la adquisición y tendencia de armas de fuego y por el retraso en la aplicación de las nuevas normas contra el bloqueo geográfico, una medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad.

Además de los expedientes sancionadores, la Comisión Europea también lanzó varios ultimátum. Uno de ellos para que España aplique correctamente las normas de eficiencia energética acordadas en 2012 con el objetivo principal de lograr un 20% de ahorro de cara a 2020. Otro de los avisos fue dirigido a que se apliquen plenamente las normas en materia de asilo, en especial aquellas que ofrecen garantías procesales comunes en el proceso de las peticiones de asilo. Bruselas también dio un toque a España para que las autoridades supriman la obligación que imponen a los contribuyentes no residentes de nombrar en determinados casos un representante fiscal, ya que cree que obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo. El Ejecutivo comunitario dio un plazo de dos meses para que se aplique correctamente estas normativas comunitarias antes de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.