El Govern denunciará al Estado por el impago del IVA y de los adelantos de la financiación

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció ayer que el Govern va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por “retener de manera irregular” un total de 1.317 millones de euros que “corresponden por ley al pueblo de Catalunya”. Esta cantidad resulta de la suma de las transferencias pendientes por los adelantos del sistema de financiación autonómica y por la recaudación del IVA.Aragonès, que compareció ante la comisión de Economía y Hacienda del Parlament para explicar los recortes que ha ordenado en la administración catalana y en las empresas públicas con autonomía financiera, arremetió contra la inacción del Gabinete socialista, que dice no entregar estos fondos a Catalunya porque está en funciones. “Incumplen la ley y nos están ahogando económicamente”, denunció el vicepresident, a la vez que sostuvo que el Estado es “desleal” con la Generalitat. “Mientras, nosotros sí que cumplimos con los objetivos que ellos mismos nos marcaron”, zanjó. Aragonès también lamentó que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, actúe como su antecesor en el cargo, el popular Cristóbal Montoro. A este respecto, recordó que Montero criticaba esta misma situación cuando era consejera de Hacienda andaluza. Explicó que este bloqueo de fondos no lo padece solamente Catalunya, sino que el resto de comunidades, a excepción de Euskadi y de Navarra, están atravesando las mismas dificultades. “Están actuando en contra de todos los ciudadanos españoles”, aseguró, y criticó que el Gobierno central hable de España como “el país más descentralizado del mundo” mientras aplica un “centralismo puro y duro de corte jacobino”. Tendió la mano a todas las comunidades autónomas para que se sumen al recurso que prepara la Generalitat y al que dará luz verde el Consell Executiu de la próxima semana con el fin de dar la “mayor celeridad” al proceso.

A la luz de estos argumentos, Aragonès señaló que la Generalitat se ha visto obligada a cerrar la caja porque no recibe el dinero que le corresponde del Estado y, al mismo tiempo, el Estado no le permite incurrir en déficit. Y es que para el vicepresident, la administración catalana no tiene problemas de gasto, sino de recaudación, porque Madrid recoge los impuestos y después no envía el dinero a la Generalitat. Además, negó haber ordenado “recortes”. “No son recortes, es una priorización de los recursos”, dijo, y aseguró que la orden blinda el pago de nóminas, la renta garantizada de ciudadanía, las subvenciones en fase de estudio, el Síndic de Greuges, o fondos como el agrario o el de prevención de incendios, entre otros.