La Generalitat lleva al Estado ante la Justicia por el impago de más de 1.300 millones

Tal y como avanzó la semana pasada el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, el primer Consell Executiu del curso dio ayer luz verde al inicio de los trámites para llevar al Estado ante los tribunales por el impago de 1.317 millones de euros procedentes de la recaudación de este año y de una parte del IVA de 2017.Esta cantidad, según manifestó al término del cónclave la portavoz del Govern, Meritxell Budó, “pertenece a la administración catalana”. “El Estado está obligado a cumplir con sus compromisos”, manifestó, a la vez que criticó que el Ejecutivo socialista diga que está en funciones para justificar el retraso en la transferencia de esta suma de dinero a las arcas de la Generalitat. “Se trata de una acción administrativa ordinaria y legalmente exigible. Sánchez trata de proyectar sus problemas internos sobre el resto de administraciones”, sostuvo la portavoz. Así las cosas, Budó señaló que el paso dado por el Govern era el previo “necesario” para poder presentar el contencioso administrativo contra el Estado. En este sentido, indicó que ya hay un informe de los servicios jurídicos de la Generalitat que avala las tesis del Govern de Quim Torra y que fundamentará el recurso que la Generalitat presentará “en los próximos días”. Asimismo, sobre otro informe, este de la Abogacía del Estado y que ha esgrimido el Gabinete de Pedro Sánchez para no hacer efectivos los anticipos, explicó que no ha sido “facilitado” a la Generalitat y que están a la espera que lo consigan los diputados en Madrid de ERC y JxCat, que han solicitado acceder al mismo. Además, añadió que el departamento de Economía pidió el informe y Madrid no se lo hizo llegar.

Por otro lado, Budó aseguró que el Gobierno gallego, del PP, y el de Castilla y León, de coalición entre los populares y Ciudadanos, también utilizarán la vía judicial para exigir el pago de cantidades adeudadas por el Ejecutivo central. Mientras, otras comunidades, como el País Valenciano, descartaron ir a los tribunales. El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, dijo no ver “correcta” la vía judicial.

Budó descarta adelantar las elecciones catalanas como respuesta a la sentencia del Supremo

barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, trasladó ayer durante la reunión del Consell Executiu a los miembros del Govern que su apuesta por la confrontación no excluye la vía del diálogo para solucionar el conflicto entre Catalunya y el Estado. Así lo manifestó al término del encuentro la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que subrayó que “confrontar democráticamente no excluye acciones de diálogo”.

Entretanto, y sobre la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, manifestó que “afrontar políticamente un problema que es político significa no ceder ante la represión y significa no aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución”. En este sentido, Budó aseguró que “no aceptaremos ninguna sentencia que no sea la absolución porque sino sería una sentencia absolutamente injusta”. Al hilo de esto, indicó que el independentismo “está trabajando” para dar una respuesta “conjunta” a la sentencia. Sin embargo, cerró la puerta a que esta réplica se traduzca en anticipar las elecciones al Parlament. “No hay ningún escenario que nos haga pensar en que una respuesta a la sentencia sea convocar elecciones”, concluyó. Asimismo, confió en que la manifestación independentista de la Diada se convierta en la “primera respuesta” a la resolución del alto tribunal. En paralelo, la ANC informó ayer de que ya hay 60.000 inscritos para esta movilización. Además, se han vendido 185.000 camisetas y hay 460 autobuses programados.