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La justicia escocesa desestima temporalmente paralizar el cierre del Parlamento británico

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El Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó este viernes de forma temporal la demanda en contra de la suspensión del Parlamento y aplazó hasta el martes la vista en la que dictaminará si es legal la decisión adoptada por el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson. Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez lord Raymond Doherty descartó emitir un "interdicto provisional", es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes, con lo que estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson.

El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes de que hubiera una vista completa para escuchar los argumentos de todas las partes, por lo que adelantó la sesión prevista para el 6 de septiembre al próximo martes. "No estoy satisfecho de que se haya demostrado que existe la necesidad de un veredicto provisional en esta etapa", señaló y añadió que en aras del "interés de la justicia y del público" era conveniente que el caso procediera "más pronto que tarde".

En una vista celebrada ayer, Aidan O'Neill expuso los argumentos de los parlamentarios y Roddy Dunlop actuó en representación del Ejecutivo británico, tras lo que lord Doherty avanzó que se pronunciaría este viernes.

El tribunal civil de mayor rango de Escocia se pronunció así ante la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que se pronunciara lsobre si es legal clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un "brexit" (salida del Reino Unido de la Unión Europea) sin acuerdo puedan frenarlo.

Entre los firmantes de la demanda, que encabeza la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al "brexit" "The Good Law Project". Con la decisión de Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un "brexit" sin acuerdo apenas tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para debatir y votar un eventual nuevo pacto que permita la salida ordenada del club comunitario.

La maniobra de Johnson ha generado un gran revuelo en el ámbito político y en la calle, y tanto la oposición como miembros del Partido Conservador consideran que se trata de un acto "antidemocrático".

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