Torra: “Si no hay absolución deberemos emprender el camino a la independencia”

El president de la Generalitat, Quim Torra, advirtió ayer de que si no hay una sentencia absolutoria de los políticos presos por el procés se deberá “trazar en firme el camino hasta la independencia”, lo que incluirá una respuesta de “desobediencia civil” que será “pacífica”, y apuntó que China ha acabado cediendo ante las protestas ciudadanas en Hong Kong. Em un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, insistió en que “no se puede gobernar contra Catalunya”, y que “ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia”. Afirmó que una condena de los presos provocará la “desobediencia civil” porque la sociedad catalana ha seguido el juicio en el Supremo “de manera profunda y sentida”. Esa respuesta, agregó, será “pacífica”, citando la posibilidad por ejemplo de una huelga. Una vez más, descartó la convocatoria de elecciones y apostó por reforzar las instituciones.

También subrayó la importancia de tener una “herramienta” como unos Presupuestos de la Generalitat 2020, porque se trabaja con los prorrogados de 2017, y confía en un acuerdo para sacarlos adelante. El tercer gran objetivo es que la respuesta incluya un “horizonte” sobre “cómo tirar para adelante” con el derecho de autodeterminación.

“Que una autoridad diga que solo acatará la sentencia que él quiere no lo voy a calificar”

El ayuntamiento se felicita de la decisión, como Torrent, pese a que “llega dos años tarde”

Sin representantes de ningún acto cargo del gobierno central, el president avisó a Pedro Sánchez de que no apoyará la investidura si la propuesta de su “no” al referéndum es la definitiva. Todo ello, recordó, después de que en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez en Pedralbes lograron “abrir una brecha” para encontrar una solución para Catalunya que “superaba” la Constitución.

Por otra parte, Quim Torra no aclaró si acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para la vista oral de la causa por mantener lazos amarillos en edificios oficiales durante la campaña electoral, ya que coincidirá con el Debate de Política General en el Parlament, y dijo que “quien tiene el problema aquí es el TSJC”. Mientras el fiscal rechaza un cambio de fecha, el president sí avanzó que su defensa presentará alegaciones y que va a recusar a magistrados y a sostener que concluir el juicio y citar para la vista “de forma irregular” es motivo de nulidad, entre otras cuestiones.

El caso se remonta a principios de 2018, cuando Carles Puigdemont y sus acompañantes detectaron “algo sospechoso” en el vehículo que utilizaban para sus desplazamientos y alertaron a las autoridades belgas, y la Policía halló el dispositivo de seguimiento.

Por otra parte, la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y de Jordi Sànchez ha presentado un escrito ante el Supremo en el que denuncian que el informe sobre el procés del ministerio de Asuntos Exteriores vulnera su presunción de inocencia.

barcelona

El concejal de Derechos de Ciudadanía e Inmigración de Barcelona, Marc Serra, anunció ayer que un juez de Barcelona ha imputado a ocho responsables policiales por las cargas durante la jornada del 1-O en 27 centros escolares de la ciudad. En un apunte en su cuenta de Twitter, celebró que el juez dé la razón al Ayuntamiento: “Por primera vez, los mandos policiales son imputados por las órdenes que dieron, y no por las actuaciones desproporcionadas en las que intervinieron”. Añadió que, debido a los recursos presentados por el consistorio, la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir las causas archivadas por lesiones en los centros Joan Boscà -cinco heridos- y Prosperitat -11 heridos-, y dijo que es importante que los afectados puedan acceder a “la verdad, la justicia y la reparación”.

El Centre de Defensa dels Drets Humans Irídia ha celebrado en un vídeo en Twitter que el juzgado de Barcelona cite como investigados a los ocho mandos, un “paso importante” en la investigación que dirige el juez Francisco Miralles. El presidente del Parlament, Roger Torrent, celebró la imputación judicial. “Una decisión que llega 2 años tarde. La brutalidad policial del 1 de octubre no puede quedar impune”, lamentó.

En otro orden de cosas, abogados de los seis concejales de Badalona juzgados por abrir el Ayuntamiento el 12-O de 2016 alegan que protagonizaron un acto “político” y que lo hicieron amparados por el derecho de expresión y manifestación, así como por la libertad de expresión y política.