PANORAMA
Fiscalía recuerda la “imperiosa obligación” de acatar la sentencia del 1-O “sea cual sea”
Cuestiona que los presos cumplan condena en cárceles catalanas porque podrían tener “tratos de favor”|| El Supremo confía en tenerla lista antes del 16 de octubre cuando los Jordis cumplen 2 años de cárcel
La fiscal general del Estado, María José Segarra, junto a Carlos Lesmes y Felipe VI, ayer durante el inicio del año judicial.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, destacó ayer durante el inicio del año judicial la “imperiosa obligación” de que tanto ciudadanos como poderes públicos acaten y respeten la sentencia del procés, “sea cual sea su resolución”. Una idea en la que coincidió con el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. En el acto, presidido por el rey Felipe VI, Segarra aseguró que la Justicia mantuvo una actuación “serena, firme y rigurosa” durante todo el proceso del 1-O y que se llevó a cabo un juicio cumpliendo con los estándares de “transparencia, accesibilidad y garantías para todas las partes” aplicando las leyes de una forma “autónoma y aplicando las leyes de acuerdo a criterios estrictamente jurídicos”. Por su parte, Lesmes aprovechó la ocasión para agradecer a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que juzgaron a las 12 líderes independentistas, que pusieran de manifiesto “el compromiso de los juzgados con la defensa del Estado de Derecho proclamados por la Constitución”, al tiempo que reclamó a los diferentes partidos políticos celeridad para la renovación del órgano de gobierno de los jueces para no verse debilitado y así poder mantener su “independencia”. El mandato actual expiró hace nueve meses.
Además, la Fiscalía General del Estado ha cuestionado en su Memoria Anual de 2018 que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la “tranquilidad e imparcialidad” necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el 1-O en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan sus penas en una prisión catalana. Según refleja el informe, presentado por Segarra, “las autoridades de la Generalitat, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el procés, a los que consideran presos políticos”. Por otro lado, el juez Manuel Marchena, que presidió el tribunal que juzgaba a los líderes del procés´, anunció que su intención es emitir la sentencia del juicio antes del 16 de octubre, cuando expira el plazo de dos años de prisión preventiva para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, según apuntaron fuentes del Supremo. El ministerio Público, sin embargo, reconoció que tiene una “sensación agridulce” porque si bien ha habido “sintonía” con los fiscales de otros países de la UE esta “no se ha visto reflejada en determinados órganos”, como ocurrió en la negativa a entregar a Carles Puigdemont adoptada tanto en Bélgica como en Alemania por un delito de rebelión y autorizar únicamente su extradición por malversación de caudales públicos, algo que fue rechazado.
El Ministerio Público tiene una “sensación agridulce” por no conseguir la extradición de Puigdemont
El president pide la reacusación del juez que lo juzgará por desobediencia por falta de imparcialidad
BARCELONA
El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, aseguró ayer que su formación “políticamente nunca podrá atacar una sentencia que no sea absolutoria” sobre el referendo del 1 de octubre de 2017 “por mucho que lo diga el jede del Estado”. Bonvehí también subrayó que espera “una respuesta unitaria de todo el independentismo” si los líderes del procés son finalmente condenados, aunque advirtió que una paralización de Catalunya como respuesta a la sentencia debería consensuarse con patronales y sindicatos. En la misma línea se mostró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que apeló a la “lealtad” y a la “máxima exigencia” para reconstruir la confianza después de la “represión contundente” que ha dañado el independentismo. Rovira insistió en la prioridad de llegar a un consenso unitario para dar una respuesta “amplia” a la sentencia. La eurodiputada de ERC Diana Riba dijo que ve “poco respetuoso” que el Suprema quiere emitir la sentencia antes de que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre el escaño de Junqueras. Por su parte, Artur Mas rechazó adelantar comicios como respuesta y aseguró que “no desea responsabilidades políticas” aunque “mucha gente se lo pide”. Por otro lado, el president, Quim Torra, ha pedido la recusación del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, en el juicio que se celebrará contra él por desobediencia los próximos 25 y 26 de septiembre alegando que existe una “gran falta de imparcialidad”
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