CORRUPCIÓN TRIBUNALES
El juez amplia la investigación del caso de los Pujol otros 18 meses
Hasta 2021, a petición de Fiscalía por nuevas actuaciones en el extranjero|| Argumenta que hay “comisiones rogatorias y ordenes de investigación pendientes”
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido prorrogar hasta el 23 de marzo de 2021 la investigación sobre la procedencia de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola, que se inició en 2013 con la imputación del primogénito del expresident Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y su mujer, y que tenía previsto finalizar ayer. En la causa se investigan a 36 personas, entra las cuales se encuentra el propio Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos.
La ampliación del plazo de instrucción, de 18 meses, se realizó a petición de la Fiscalía que alegó la necesidad de alargarlo debido a la “necesidad” de llevar a cabo acciones periciales “complejas” de la causa y a la “práctica de actuaciones en el extranjero”.
El juez señaló que se acaba de descubrir en Banc International d’Andorra una nueva fundación denominada Paty radicada en Panamá y vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en la que se encontraron 600.000 euros, y que motivó una petición de Fiscalía para cursar una comisión rogatoria a Andorra, de donde se recibió la información, y recordó que todavía están pendientes otras comisiones rogatorias a Luxemburgo y Dinamarca, cuyo resultado podría derivar en nuevas diligencias.
De la Mata argumentó que debido a la complejidad de la causa no podía acabar la instrucción en la fecha fijada, que a su vez ya había sido prorrogada. Sin embargo, el magistrado puntualizó que la investigación podría acabar antes de estos 18 meses “total o parcialmente” y abrirse piezas separadas del caso de las que todavía queden diligencias pendientes.
El caso se abrió cuando el expresident de la Generalitat admitió en 2014 que su mujer y sus hijos tenían unos 4 millones de euros en la Banca Privada d’Andorra que, según su versión, procedían de una herencia de su padre, Florenci Pujol, que no se declaró a Hacienda durante más de 30 años. La justicia española no dio crédito a esta versión y abrió una investigación al sospechar que los millones andorranos tenían un origen ilícito. La Audiencia Nacional investiga a todos los miembros de la familia como una “organización criminal” y les acusa de fraude fiscal y blanqueo.