El juez ordena prisión sin fianza para los siete independentistas acusados de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para los siete activistas independentistas detenidos el lunes por la Guardia Civil acusados de terrorismo. En los autos de encarcelamiento, que no han trascendido por completo al estar el caso bajo secreto, les imputa los presuntos delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Además, considera que existen “indicios de que formaban parte” de una organización denominada Equip de Resposta Tàctica (ERT), vinculada a los CDR con una estructura “jerarquizada” y cuyo objetivo sería “instaurar la República catalana por cualquier vía, incluida la violenta”. Asimismo, argumenta que, de quedar en libertad provisional, los investigados podrían destruir pruebas, huir y cometer reiteración delictiva.

García Castellón adoptó esta decisión tras tomar declaración a los siete acusados en la Audiencia Nacional. Solamente dos de ellos, que son los que están asistidos por abogados de oficio, respondieron a las preguntas tanto de la defensa como de la Fiscalía y del propio juez. Sin embargo, los otros cinco, asistidos por letrados del colectivo Alerta Solidària, respondieron únicamente a sus defensas. Al decretar el ingreso en prisión, el juez suscribió el posicionamiento del fiscal Miguel Ángel Carballo que sostuvo que los detenidos forman parte de una organización de “naturaleza terrorista” cuya finalidad es “subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”. Así las cosas, los siete independentistas salieron a última hora de la tarde de las instalaciones de la Audiencia Nacional en Madrid a bordo de un autobús de la Guardia Civil, que les trasladó a la cárcel de Soto del Real.

El grupo de apoyo a los detenidos sostiene que el Estado acusa de terrorismo “a toda la disidencia”

El fiscal dice que pretendían “subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz social”

Mientras, continúan en libertad provisional los otros dos arrestados en el operativo del lunes, bautizado como Operación Judas, que no llegaron a ser trasladados a Madrid. Se espera que en los próximos días sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional.

Desde primera hora de la mañana, una treintena de personas se congregaron en las inmediaciones de la Audiencia Nacional para mostrar su apoyo y solidaridad con los independentistas acusados de terrorismo. Asimismo, también estuvieron presentes representantes de JxCat, ERC, la CUP y Bildu. Desde allí, la diputada cupaire Maria Sirvent advirtió de que el independentismo responderá a las “operaciones represivas” del Estado con “más calle y más desobediencia”. Cuando los detenidos salieron rumbo del centro penitenciario de Soto del Real, los familiares presentes ante el tribunal gritaron “no esteu sols” y “força i democràcia”.

La entrada en prisión de los siete activistas independentistas provocó un duro enfrentamiento en los últimos compases del debate de política general en el Parlament entre la bancada independentista y Cs (más información en la página siguiente). Asimismo, se organizaron concentraciones de protesta a lo largo y ancho de la geografía catalana. De nuevo, la de Sabadell fue una de las más multitudinarias. “El Estado acusa de terrorismo a toda la disidencia”, clamaron ante 3.000 personas representantes del grupo de apoyo Detingudes23S. En Barcelona, los independentistas se citaron en la Plaça Sant Jaume y marcharon hacia la jefatura policial de Via Laietana. Los CDR cortaron la N-II en El Masnou. También hubo concentraciones en Lleida (ver desglose).