Dos años vistos para sentencia

E

l martes se cumplirá el segundo aniversario del referéndum de autodeterminación del 1-O, declarado ilegal. Al contrario de lo que ocurrió en la consulta popular del 9-N de 2014, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional cargaron en 2017 contra los centenares de personas que protegían los colegios electorales y solo en las comarcas de Lleida el departamento de Salud contabilizó 123 heridos. Hubo 11 cargas policiales. Cinco, en Lleida (La Caparrella, Benestar Social, la Escola Oficial d’Idiomes, el CAP de Cappont y La Mariola); y seis en las poblaciones de Alcarràs, Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Menàrguens y Ponts. Pero a pesar de intervenirse urnas, el censo universal permitió que se emitieran 155.218 votos en la demarcación. Dos años después de esta atípica jornada electoral, el 1-O está, literalmente, visto para sentencia. La sala del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena ha juzgado a doce dirigentes independentistas, nueve de los cuales llevan casi dos años en prisión preventiva, entre ellos los líderes de la ANC y Òmnium en 2017, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que fueron detenidos quince días después del referéndum; la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente Oriol Junqueras, y los consellers Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. Otros siete procesados, entre ellos el president Carles Puigdemont, optaron por abandonar el Estado español y viven libres en Europa, ya que han sido rechazadas las euroórdenes de detención emitidas por España tanto en Escocia como en Bélgica y Alemania. La sentencia llegará en plena polémica por la detención y encarcelamiento por terrorismo de siete miembros de CDR esta misma semana. Los ánimos están tan caldeados que la segunda sesión del debate de política general celebrado el jueves en el Parlament acabó con la expulsión del hemiciclo del diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, que había sido llamado al orden por el presidente de la cámara, Roger Torrent. La mayoría del Parlament que forman JxCat, ERC y la CUP reafirmó la legitimidad de la desobediencia civil y anunció que pedirá la amnistía para los encausados y la retirada de la Guardia Civil de Catalunya. Así las cosas, y en plena precampaña de generales, el martes empezará el tercer “otoño caliente”.