Víctimas del 1-O se querellan contra la excúpula de Interior por delitos contra la humanidad

Varias asociaciones de juristas y de víctimas del 1-O han presentado ante la Audiencia Nacional una querella por delitos contra la humanidad contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquel día. Según ellos, era una "actuación premeditada, organizada y estudiada" que habrían comportado "lesiones y torturas" dirigidas a la población civil por motivos políticos e ideológicos. Por si la Audiencia Nacional, responsable de investigar este tipo de delitos, archivara la causa, los querellantes también han presentado el escrito ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que podría investigar el caso.

La Asociación Atenes de Juristas por|para los Derechos Civiles, la Asociación de Afectados 1-O y la Asociación Abogacía por la Democracia de Lleida, conjuntamente con nueve víctimas de las cargas policiales, como Enric Sirvent, que sufrió un ataque cardiaco en un colegio de Lleida (ved el vídeo), o Jordi Pessarodona, concejal en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), han presentado la querella en un acto en el Colegio de Periodistas.

La querella va dirigida específicamente contra el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el coronel de la Guardia Civil y coordinador de la operación 'Copérnico' Diego Pérez de los Cobos, los exjefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente, el exdelegado del gobierno español en Catalunya Enric Millo y los cuatro exsubdelegados del gobierno español en las cuatro demarcaciones, además de los jefes de sector y unidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el centenar de colegios electorales donde intervinieron. La querella pide su detención y puesta a disposición judicial. También pide que se les embarguen 87,1 millones de euros, que es el coste del operativo 'Copérnico', y de seis millones de euros más para indemnizar a las víctimas.

El escrito, de un centenar de páginas, acusa a estos altos cargos de los delitos del artículo 607 bis 1.1, 607 bis 2.3 y 607 bis 2.8, que castigan con penas de entre cuatro y 15 años de prisión a quienes cometan un "ataque generalizado o sistemático contra población civil" en razón de "pertenencia de la víctima en un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos" y les causaran lesiones o torturas. Estos delitos no prescriben y tampoco se pueden amparar en la inmunidad policial o política. Los impulsores de la querella recuerdan que la ONU y el Consejo de Europa pidieron al estado español una investigación interna sobre la actuación policial, investigación que no se ha hecho.

Según Lluís Mestres, de Atenes-Juristas por los derechos civiles, los dos cuerpos policiales estatales actuaron de forma "militar" y organizaron dos dispositivos: el público y acordado con los Mossos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y el secreto, que consistía en "contagiar el pánico" entre la población civil desde primera hora de la mañana en decenas de colegios electorales. Este segundo dispositivo se pensó desde meses antes, incluso desde 2014, y se concretó los últimos tres días antes del referéndum. "Estaba organizado, planificado, estructurado y jerarquizado, no improvisado", dicen. El hecho de que la actuación policial siguiera "el mismo método" en todas las escuelas, significa, según los querellantes, que las órdenes superiores eran iguales para todos los antidisturbios y estaba todo planificado. Además, se establecieron canales de comunicación paralelos a los oficiales para no ser interceptados, y muchas órdenes se dieron sólo de manera oral.

En la querella se enumeran los colegios con intervenciones policiales violentas y las lesiones sufridas por centenares de víctimas. De hecho, la querella pide que se interrogue como testigos protegidos a 189 víctimas con lesiones moderadas o graves.

En la querella también se han adjuntado numerosos vídeos y otras pruebas recogidas en los diversos juzgados de instrucción catalanes que investigan cargas concretas. Se espera que la Audiencia Nacional pueda tardar unos seis meses al decidir si admite a trámite o no la querella.