El TSJC ve indicios de desobediencia del alcalde de Agramunt por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ve indicios de delito de desobediencia del alcalde de Agramunt y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, durante la organización y celebración del referéndum del 1-O en su municipio. De esta forma, podría ser el primer edil de Catalunya juzgado por la consulta. La Fiscalía se querelló contra Solé al considerar que participó directamente en la organización en su localidad. En un auto publicado ayer, la magistrada Mercedes Armas considera que “se cumplen, pues, en principio, y sin perjuicio de lo que ulteriormente se resuelva, los elementos objetivos del injusto (delito de desobediencia) que nos ocupa”. Concretamente, afirma que “el 25 de septiembre de 2017, y según se recoge literalmente en un artículo de la Revista Sió, el investigado habría intervenido (...) en un acto que se organizó en el Teatre Casal d’Agramunt, en favor de la celebración y participación ciudadana en el referéndum del 1 de octubre”. Bernat Solé, según el auto, dijo “l’1 d’octubre no només decidirem una opció, sinó que defensarem aquell dret universal, aquell dret que ens ha costat tant d’assolir com és el dret a vot”. Posteriormente, “el investigado participó activamente en el desarrollo de las votaciones que se celebraron ese día, pese a la prohibición del TC”. En concreto con la cesión de la escuela Macià-Companys, de titularidad municipal, y “habría tomado decisiones como esconder las urnas por temor a que fueran descubiertas por agentes de la autoridad, resolviendo, finalmente, ocultarlas fuera del centro de votación (...), y el investigado habría optado por proponer a los componentes de las mesas y a los organizadores que la votación acabara una hora antes de lo acordado”. El alcalde dijo que él no organizó el referéndum, sino que expresó su opinión como representante de un partido. Ayer, en las redes, escribió: “Sigue la represión. Los juzgados nunca resolverán los problemas políticos”.

Archivadas las causas contra otros 32 primeros ediles de Lleida ? La Fiscalía archivó en febrero las diligencias contra otros 32 alcaldes de Lleida, principalmente de ERC y PDeCAT, que estaban siendo investigados por la cesión de locales para el referéndum. Eran la práctica totalidad de los encausados, tras el archivo de las diligencias contra los que tenían la condición de aforados como diputados en el Parlament (Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, y David Rodríguez, primer edil de Solsona). El auto de la Fiscalía de Lleida apuntaba que los electos tampoco hubieran podido parar la votación y valoraba que las declaraciones en favor del referéndum fueron de carácter político. Se archivó la investigación contra los alcaldes de El Pont de Suert, Les Borges, Artesa de Segre, Torrefarrera, Balaguer, Tremp, Rialp, Sort, Bellvís, El Palau, Fondarella, Cervera, Tàrrega y La Seu, entre otros.