El Gobierno español cree que el Parlament ha desobedecido al TC

La vicepresidenta del Gobierno español en funciones, Carmen Calvo, ha instado al Tribunal Constitucional a que se dirija a la Fiscalía en el caso de que considere que los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña han cometido algún delito al incumplir, de forma reiterada, sus resoluciones.

A pesar de los requerimientos del Constitucional, la mayoría independentista en la Mesa del Parlament acordó esta semana admitir a trámite una moción de la CUP que alude al derecho a la autodeterminación y reprueba a la monarquía. "Obviamente, estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos", ha alertado Calvo.

Además, en otro acuerdo del Consejo de Ministros ha decidido solicitar un dictamen al Consejo de Estado a fin de impugnar la moción del Parlament sobre la vulneración de derechos fundamentales, aprobada en el pleno del Parlament el pasado 24 de octubre.

La moción califica el juicio del "procés" llevado a cabo en el Tribunal Supremo de ?proceso arbitrario y sesgado? y sostiene que la gestión del presidente de la sala, Manuel Marchena, fue ?más propia de un sistema judicial autoritario?.

El Gobierno considera que la moción es impugnable en cuanto supone el cuestionamiento de la independencia judicial, elemento central en un Estado de derecho y, como tal, garantizada constitucionalmente para lograr la inmunidad de los jueces y magistrados a las presiones procedentes de los demás poderes públicos.

En opinión del Ejecutivo, las decisiones de jueces y magistrados no son un objeto excluido del debate público, pero sí de una resolución dictada por un parlamento autonómico, poniendo en cuestión la independencia judicial reconocida en el artículo 117 de la Constitución. "En una sociedad democrática, todo ejercicio del poder está sometido a la crítica pública, pero el Gobierno considera que difícilmente es asumible que esté sometido a la reprobación institucional de otro poder del Estado", asegura.

Calvo ha adelantado que, cuando el Gobierno reciba ese informe del Consejo de Estado, que, según ha recordado, no es vinculante, procederá también a impugnar esa resolución, porque "traspasa los límites de la legalidad" y de sus competencias.