La Assemblea de Càrrecs Electes rechaza la sentencia del 1-O y exige amnistía y diálogo

L’Assemblea de Càrrecs Electes, un organismo impulsado por el Consell per la República, aprobó ayer por unanimidad su posicionamiento político durante su constitución en un acto celebrado en el Palau de Congressos de Barcelona. En el texto rechazan la sentencia del Supremo, piden la amnistía y exigen la liberación de los “presos políticos”, el retorno de los “exiliados” y el fin de la “represión”. También aprobaron dar apoyo a las “movilizaciones populares” y se comprometieron a defender la soberanía de las instituciones catalanas. El posicionamiento también exige diálogo con el Gobierno español , así como una mesa de negociaciones, y apela a la mediación internacional para conseguirlo.

Durante el acto, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont intervino por videoconferencia desde Waterloo y mandó una advertencia a Ejecutivo español y a la Zarzuela de que la sociedad catalana avanzará “por el camino central de la soberanía y no por el margen estrecho en el que los constitucionalistas” quieren, a su juicio, arrinconarlos. También se leyó una carta de la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell enviada desde la prisión de Mas d’Enric, en la que hace un llamamiento a que se defienda la no violencia.

Fiscalía no pedirá la extradición de Serret y Gabriel, pero sí la de Comín, Ponsantí y Puig

Más de 2.000 cargos electos de Junts per Catalunya, ERC, la CUP, Demòcrates e independientes se sumaron a esta primera Assamblea, según sus organizadores.

MADRID

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer por unanimidad la suspensión cautelar del Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya aprobado por el Govern en junio de 2018, lo que supone su suspensión por al menos cinco meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución. El Alto Tribunal admite así el conflicto de competencias planteado en octubre pasado por el Gobierno, que consideró que la normativa menoscababa las competencias del Estado. El conflicto positivo de competencia planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se planteó después de que el Ejecutivo de Quim Torra se negara a cambiar el contenido, como le ha había pedido el Gobierno para evitar tener que acudir a los tribunales.

El plan, que quedó suspendido inmediatamente, aglutinaba toda una estrategia por parte de la Generalitat para lograr tener peso internacionalmente y abogaba por coordinar todas las labores que sobrepasaran el ámbito español, como políticas o económicas, obviando las competencias estatales en materia de relación internacional, según el Gobierno.

La paralización de esta iniciativa no supone el cierre inmediato de las delegaciones catalanas en el exterior, algo que el Gobierno había recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Por otro lado, las autoridades canadienses denegaron la entrada al país al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al no darle la autorización de viaje electrónica necesaria debido a los cargos pendientes que tiene ante la justicia española. Por su parte, Puigdemont adelantó que tiene intención de recurrir ante el Tribunal Federal de Canadá este rechazo.

La Fiscalía no pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que dicte una orden europea de detención contra la exconsellera leridana Meritxell Serret ni contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel porque, tras la sentencia, su responsabilidad en los hechos solo encajaría en un delito de desobediencia. Sin embargo tiene previsto solicitar hoy la de los exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí.