CORRUPCIÓN INVESTIGACIÓN
Catalá pagó la defensa de varios acusados de Gürtel
Según un informe, pese a que no tenían derecho de asistencia gratuita || Fiscalía pide investigar a la exalcaldesa de Cádiz
El exministro de Justicia con el PP, Rafael Catalá.
El ministerio de Justicia pagó durante la etapa de Rafael Catalá (PP) a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama Gürtel que no tenían reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción que anidó en la formación conservadora, según publicó ayer El País.
A tenor de la relación de gastos, Justicia abonó en la etapa de Catalá cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en una de las mayores tramas de corrupción del país, cuya red de empresas se lucró con el PP estatal durante el aznarismo.
El ministerio de Justicia ha abierto una investigación sobre los pagos a abogados
Estos importes se desembolsaron a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita, pese a que legalmente no tenían reconocido el derecho, reservado a quienes acreditan que carecen de medios materiales para costearse una defensa.
Según el rotativo, la Abogacía del Estado emitió el pasado mes de abril un informe donde alertaba de que “no tendría justificación” legal una asistencia jurídica gratuita como la otorgada en época del PP a empresas de la Gürtel para su defensa en el juicio.
El ministerio de Justicia ha abierto una investigación para esclarecer los pagos en la anterior etapa a los abogados de oficio de implicados en la red de corrupción, que acabó con la condena del propio PP.
Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala II (de lo Penal) que reabra la investigación contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo, cabeza de lista del PP por Cádiz para las elecciones de este domingo, por los contratos que suscribió el ayuntamiento con la trama Gürtel. El Supremo, pese a reconocer que existían “datos abrumadores” de irregularidades en la adjudicación de contratos en Jerez de la Frontera, acordó en 2016 archivar la causa al entender que ella no tenía por qué saber qué estaba firmando.
