Autodeterminación y amnistía, los puntos comunes de los programas electorales de ERC, JxCat y la CUP

ERC, JxCat y la CUP comparten en los respectivos programas electorales para el 10-N la apuesta por la autodeterminación y la amnistía como receta para superar el conflicto político. PP, Cs y Vox apuestan por volver a aplicar la suspensión de la autonomía en Cataluña. Los populares proponen enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como paso previo al 155 y aplicar la ley de seguridad nacional. Cs dice directamente que el 155 se tiene que aplicar de "manera inmediata" mientras que Vox va más allá y habla de declarar el estado de emergencia e ilegalizar partidos. En una posición intermedia se sitúa el PSC y En Comú Podem. Los socialistas catalanes defienden que la solución pasa por el "diálogo dentro de la ley" mientras que la lista de Jaume Asens propone mesas de "diálogo estable" que acaben con un acuerdo para someter a referéndum.

El programa electoral de ERC para el 10-N resume trece compromisos de cara a la nueva legislatura en las cortes españolas. En concreto, apuestan por rechazar la sentencia del 1-O "injusta" e "injustificable" contra el independentismo y denunciar la "represión" en todas sus formas, defender el derecho de la ciudadanía a ejercer el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum y tejer una "gran alianza popular y democrática" para un acuerdo político en torno a la amnistía, un concepto jurídico internacionalmente que, según defiende el programa, está reconocido para situaciones de excepcionalidad política como el actual.

La formación de Oriol Junqueras quiere combatir la estrategia "represiva" del Estado y exige poner fin "definitivamente" a las prácticas "represivas" tanto judiciales como policiales y de criminalización mediática que afectan los independentistas. Así, se presentan como la mejor garantía para la defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía y devenir un "baluarte" a la hora de "cerrar el paso a la extrema derecha". Finalmente, se comprometen a promover los valores republicanos, la transparencia y la restitución de cuentas ante un estado "monárquico y conservador", con una democracia de "baja calidad".

JxCat señala la autodeterminación como vía para solucionar el conflicto entre Cataluña y el Estado. En un programa de 112 páginas, la formación de Laura Borràs apuesta por resolver la situación "haciendo política, sobre la base de una relación bilateral que reconozca el derecho a la autodeterminación." JxCat quiere "hablar de todo" y priorizar el diálogo. La candidatura preguntará a los partidos que busquen su apoyo que escojan entre esta vía y la autodeterminación si quieren un acuerdo con los representantes de JxCat.

La formación de Borràs define así el concepto de amnistía, recurrente durante la campaña: "La liberación de los presos políticos es una de las soluciones lógicas inherentes a la solución política del conflicto de raíz política entre Cataluña y el Estado español". De esta manera, "autodeterminación" y "amnistía" son las propuestas de JxCat para superar el conflicto, después de la sentencia del Supremo.

Sin embargo, no especifica ninguna vía ni estrategia concreta para llegar, ya que no habla de un nuevo referéndum o unas elecciones plebiscitarias -como plantea el presidente, Quim Torra-, o de ninguna ley de amnistía en las cortes españolas.

La CUP no presenta un programa electoral “exhaustivo” de cara el 10-N sino un programa “de intervención política”, ya que considera que el estado español es “irreformable”. Así, y ante el contexto “gravemente condicionado” por la sentencia del Supremo, presenta una “propuesta de lucha” y avisa de que trabajará con un pie dentro del Congreso pero centrando la actividad “fuera del marco institucional”.

Entre los puntos que recoge el programa destacan la autodeterminación y la amnistía “total” de las personas “represaliadas”, la articulación de los Países Catalanes y la abolición de la monarquía. En este ámbito también avisan de que van a Madrid “a tensar unas izquierdas y unos independentistas que formulan unos planteamientos muy rebajados”, en relación a pactos de gobernabilidad o procesos de investidura.

El PSC propone "diálogo dentro de la ley"

El PSC se alza como defensor del "diálogo dentro de la ley" en la gestión del conflicto con Cataluña y se presenta con el mismo manifiesto que las anteriores elecciones de abril. El documento, que resume el programa electoral, reclama "pasar la página de la confrontación y el bloqueo y abordar decididamente, mediante la política, la definición de un proyecto integrador". Por todo ello, abogan para "abrir una nueva etapa" y centrarse al "recuperar el acuerdo y el consenso en torno a un proyecto común".

El inicio de la campaña ha estado marcado por la polémica sobre los cambios a última hora al programa electoral del PSOE. Inicialmente no hacía ninguna referencia a una reforma de la Constitución ni a la plurinacionalidad del Estado. Un texto que fue modificado a petición del PSC para introducir la referencia a la declaración de Granada. En el programa del PSOE no aparece la triple propuesta que el candidato, Pedro Sánchez, ha hecho pública en el debate de TVE: volver a tipificar como delito los referéndums ilegales, una nueva asignatura en las escuelas sobre valores constitucionales y que el consejos de gobierno de los medios públicos sean escogidos por dos terceras partes de los parlamentos para evitar el "sectarismo" en TV3. Esta última medida ya la aprobó el Parlament de Catalunya en el último pleno.

Los comunes quieren mesas de "diálogo estable"

En Comú Podem, por su parte, considera que la sentencia del Supremo ha "agravado" la situación política en Cataluña. Así, a su programa ha incorporado una "propuesta por el desbloqueo" que confían que puede solucionar el conflicto político. Para los comunes, un primer paso es la liberación de los presos independentistas. Defienden concederlos el indulto como "vía rápida", aunque también apuestan por eliminar el delito de sedición del Código Penal. Aparte, también sitúan como central el "refuerzo" del autogobierno y piden blindar las competencias propias –con especial referencia a la escuela catalana–, la transferencia de los recursos e inversiones pendientes y la revisión del sistema de financiación de las autonomías.

La candidatura de Jaume Asens defiende la necesidad de diálogo entre Cataluña y España y proponen ahora la creación de "marcos de diálogo estable" que se materializarían en "mesas" tanto a nivel catalán como estatal donde creen que se tiene que incorporar "la diversidad política y de posiciones" en la cuestión. De estos espacios saldría una propuesta de "nuevo pacto" entre los dos territorios, que los catalanes tendrían que refrendar en última instancia. En este sentido, vuelven a plantear una Ley de Claridad para establecer los términos en que se tendría que hacer un referéndum de autodeterminación.

PP, Cs y Vox ponen sobre el 155 y la ley de seguridad ciudadana sobre la mesa

El programa electoral del PP para las elecciones generales del 10-N propone enviar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales", paso previo a la aplicación del 155. Sin embargo, a diferencia del programa del 28-A, los populares no hacen mención explícita al artículo de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. El partido liderado por Pablo Casado incluye para estos comicios el compromiso de aplicar la ley de seguridad nacional en Cataluña "para evitar injerencias políticas" en las actuaciones policiales.

Además, el PP plantea que el Estado recupere las competencias penitenciarías -ahora en manos de la Generalitat- e introducir al Código Penal el cumplimiento íntegro de la pena para los condenados por sedición o rebelión, medidas que no eran al programa del 28-A.

Concretamente, propone reformar el Código Penal no sólo para "introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición" sino también para "recuperar la tipificación del referéndum ilegal" y "recuperar el delito de rebelión impropia".

Con respecto a Cs, vuelven a jugar la carta de aplicar "de forma inmediata" el 155 "hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña" como receta para resolver el conflicto político que vive el país. Poner a los Mossos "bajo la dependencia del ministerio de Interior", volver al control de las finanzas de la Generalitat o cerrar las delegaciones en el exterior "que actúan contra el interés general de España" son algunas de las propuestas del programa electoral de la formación naranja, así como prohibir las subvenciones "a las asociaciones que persigan intereses contrarios a la orden constitucional".

Sobre la situación post-sentencia no hacen mención específica, pero prometen "actualizar el delito de sedición y rebelión" para "proteger a los españoles de los golpes de estado el siglo XXI". Además, mencionan a Puigdemont para comprometerse a impedir que "aquellos quienes se fuguen de la justicia puedan presentarse a las elecciones y/o beneficiarse del dinero de todos". El programa de Cs dice que "los políticos fugats perderán automáticamente su cargo".

Desde Vox creen que hace falta aplicar el 155 y declarar "el estado de emergencia" en Cataluña. En su programa electoral se habla de la necesidad de suprimir la autonomía catalana "hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales". También quieren ilegalizar los partidos, asociaciones y ONG que defiendan la independencia. El partido apuesta por un modelo de estado "unitario" y considera que el sistema autonómico está "fallido". En este sentido, añaden que este no ha contribuido a "moderar la tendencia soberanista", sino que creen que todavía lo ha potenciado más.

Desde la formación ultraderechista también son contrarios al federalismo, que consideran un "artificio o invención política interesada". Su modelo pasa por un Estado con un solo gobierno y parlamento que reconozca e integre los hechos diferenciales lingüísticos, culturales y jurídicos, entre otros. El partido propone que, de forma transitoria, se afinen las estructuras autonómicas y que se luche contra "ciertas políticas lingüísticas o barreras de cualquier tipo" que puedan afectar, según afirman, al mercado interior o a la competitividad. Concretamente, quieren que las competencias de educación, sanidad, justicia y seguridad retornen al Estado. Otra de sus medidas pasa por la supresión del concierto económico vasco y el Convenio de Navarra.