Tercer aviso del Constitucional a Torrent, que replica que no vetará debates en el Parlament

El Tribunal Constitucional se reunió ayer de urgencia para estudiar la impugnación presentada por el Gobierno central contra la propuesta de resolución consensuada por los grupos de JxCat, ERC y la CUP en el Parlament para responder a la sentencia del 1-O, y que insiste en la vía de la autodeterminación y en reprobar al rey. Tal y como solicitaba el Gabinete socialista, los magistrados acordaron suspender la tramitación del texto, que había sido admitido por la Mesa de la Cámara e iba a ser votado la próxima semana. Además, notificaron personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, al resto de miembros de la Mesa y al secretario general, Xavier Muro, la suspensión y, por tercera vez, les advirtieron de las consecuencias penales que les acarrearía desoir las decisiones del propio tribunal.

Sin embargo, Torrent, minutos después de que la Mesa acordara seguir adelante con otra propuesta de resolución de la CUP que apuesta por ejercer la autodeterminación, reclamar una amnistía para los condenados por el 1-O y la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, avisó de que “no permitirá que entre la censura” en el legislativo catalán. En este sentido, explicó que el Parlament ha aprobado resoluciones sobre la autodeterminación desde 1989 y sostuvo que defenderá “la libertad de expresión, los valores fundamentales” y que velará por que “los debates sean libres y no estén limitados”. En la misma línea, el vicepresident primero del Parlament, Josep Costa, defendió que la propuesta sea votada en el pleno de la semana que viene pese a la resolución del Constitucional. Mientras, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, calificó la decisión de los magistrados de suspender la tramitación de la propuesta de “involución democrática”.

Sánchez impugnó el texto al entender que incumple varias resoluciones previas del propio Constitucional

Acusa a Comín de sedición y malversación, a Ponsatí de sedición y a Puig de malversar y desobedecer

madrid

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó ayer tres nuevas euroórdenes para intentar que, una vez publicada la sentencia del 1-O contra la cúpula del procés, la Justicia belga y escocesa se avengan a extraditar a las autoridades españolas a Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, consellers del Govern de Carles Puigdemont que se marcharon de Catalunya tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de hace dos años. Las nuevas órdenes reclaman a Comín por sedición y malversación, a Ponsatí solamente por sedición y a Puig por malversación y desobediencia.

En el texto, del que espera “traducción” la Fiscalía belga, Llarena subraya las “exigencias” de Puigdemont para no proclamar la independencia en octubre de 2017. Así, según el relato del magistrado, el entonces president de la Generalitat exigió que se retiraran los cargos contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez. Además, también pidió la exculpación del que era major de los Mossos Josep Lluís Trapero y abogó por una reunión con el Ejecutivo de Mariano Rajoy “para explorar acuerdos futuros”. Igualmente, Llarena afirma que Puigdemont tomó la decisión de proclamar la independencia el 19 de octubre, ante la negativa del Estado de acceder a estas peticiones. Las defensas de Comín, Ponsatí y Puig avanzaron ayer mismo que los tres se pondrán a disposición de las autoridades belgas y escocesas. Mientras, el Consell per la República pidió donativos para afrontar los procesos de entrega de los tres y también de Carles Puigdemont, cuya euroorden se activó horas después de que el Supremo hiciera público el fallo del 1-O, el pasado 14 de octubre.

Por el contrario, Llarena no ha reactivado por el momento la euroorden contra la leridana Meritxell Serret, que ocupó la cartera de Agricultura, debido a que solo se enfrenta a cargos por desobediencia.

Por su parte, la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, manifestó que la Generalitat confía en la Justicia europea. Asimismo, añadió que “lo más grave es que sigan judicializando aquello que se debería resolver desde la política”.

Puigdemont acusa a Sánchez: “¿Usted me quiere secuestrar?” Carles Puigdemont replicó ayer al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, que en el debate electoral del lunes se comprometió a lograr la extradición del líder de JxCat si resulta reelegido jefe del Ejecutivo en las elecciones del domingo. “¿Usted me quiere secuestrar?”, le preguntó Puigdemont, que recordó los GAL y lamentó que “las decisiones del Poder Judicial las tome el Consejo de Ministros”.