Sánchez lleva al Constitucional la resolución de la CUP para ejercer la autodeterminación

El Gobierno central decidió ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional una propuesta de resolución presentada por la CUP en el Parlament en la que aboga por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y también los acuerdos de la Mesa de la Cámara que rechazan las peticiones de PSC, Cs y PP para reconsiderar la admisión a trámite de la misma. Al término de la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones generales de mañana, la portavoz del Ejecutivo socialista en funciones, Isabel Celaá, explicó que el texto de los cupaires tiene la “clara intención” de “continuar” con el procés. Igualmente, sostuvo que, con la tramitación de esta propuesta, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la Mesa “desoyen” las resoluciones del propio Constitucional que, el pasado mes de octubre, ya tumbó resoluciones que reivindicaban la soberanía del pueblo catalán y el derecho a ejercer la autodeterminación. “El presidente del Parlament, el secretario general y el resto de miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con sus acuerdos estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional”, advirtió Celaá. Tras el anuncio de la impugnación, a través de la fórmula del incidente de ejecución de sentencia, Torrent aseguró que “Pedro Sánchez continúa avanzando por la derecha al Gobierno de Mariano Rajoy”. El republicano manifestó, además, que “en el Parlament se podrá hablar de todo, siempre encontrarán esta misma respuesta”. En la misma línea, Eusebi Campdepadrós, secretario primero de la Mesa del Parlament y diputado de JxCat, achacó la decisión del Consejo de Ministros a los comicios generales de mañana. “Si que le van mal las encuestas al PSOE”, apuntó.

Con estos nuevos incidentes de ejecución de sentencia anunciados, ya son diez los textos y decisiones del Parlament que el Gobierno central ha impugnado ante el Constitucional en cuatro reuniones del Consejo de Ministros, la del 4, 11 y 31 octubre, y la que se celebró ayer.

Europa pide cumplir las reglas después de que Borrell filtrara datos de la euroorden de Ponsatí

madrid

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena hizo llegar ayer a las autoridades británicas información complementaria sobre la “gravedad de la infracción” que se le atribuye a Clara Ponsatí, que fue consellera de Enseñanza del Govern de Carles Puigdemont, en relación con la euroorden cursada para lograr su extradición a España por un presunto delito de sedición una vez conocida la sentencia del 1-O. Llarena explica que Ponsatí firmó el decreto de convocatoria del referéndum y desobedeció hasta en cuatro ocasiones al Tribunal Constitucional. Igualmente, sostiene que dio la orden de abrir los colegios electorales el día de la votación, incumpliendo así la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a mantenerlos cerrados. Así, acusa a Ponsatí de ser consciente de que, el día del referéndum, podían producirse “actos violentos”. “La votación finalmente desembocó, tal y como estaba previsto, en actos violentos”, sentencia Llarena, que en ningún momento utiliza la palabra “sedición”. No obstante, tras estas aclaraciones, Londres aceptó tramitar la euroorden.

Mientras, la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, amonestó al ministro de Exteriores en funciones, el leridano Josep Borrell, por haber hecho pública información confidencial del expediente policial británico de Ponsatí. “Hay reglas muy claras para el sistema de información Schengen. Esperamos que todos los miembros observen su letra y espíritu”, indicó en respuesta a la eurodiputada de ERC Diana Riba, que había pedido una investigación. En paralelo, JxCat denunció a Borrell por presunta prevaricación por cesar al cónsul en Edimburgo Miguel Ángel Vecino. Este denunció que el ministro le dio “órdenes inconstitucionales” para vetar al Govern en Escocia antes de los comicios de abril.