El Consejo de Europa alerta sobre la “politización” de la Justicia española

El Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), un organismo que lucha contra la corrupción entre los estados miembros desde 2013, señaló en su informe de este año que España no ha implementado en “los últimos seis” una revisión del marco legal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aseguró que “las autoridades políticas no pueden estar implicadas en ningún proceso judicial”, porque cuando es así “las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes”.

En dicho informe, el GRECO también exige que el Ministerio Fiscal actúe de “manera decisiva” para avanzar “en su autonomía, integridad y rendición de cuentas” y critica que el ministerio de Justicia decida sobre la asignación del personal de las diferentes fiscalías. Aun así, señaló que España ha “realizado algunos avances” en la prevención contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales, al haber cumplido dos de las once recomendaciones realizadas anteriormente y le retiró la categoría de cumplimiento “globalmente insatisfactorio” que le asigno en 2013. Aun así el órgano también exigió al Gobierno central que “formalice” la publicación de comunicaciones con la Fiscalía para mejorar la transparencia de estos contactos.

Por otro lado, en materia de prevención de corrupción en el Gobierno y sus fuerzas de seguridad, recomienda que se modifique el régimen de aforamiento para evitar que se “obstaculice la acción penal” contra miembros del Ejecutivo español bajo sospecha de haber cometido algún delito de corrupción. Alerta además de que el número de personas que se encuentran protegidas por este aforamiento es “numeroso” y que este régimen se aplica tanto en delitos cometidos tanto en el ejercicio de sus funciones oficiales como los que son ajenos a esta.

En lo referente a las fuerzas de seguridad, reclama que la Guardia Civil adopte un código de conducta en prevención de corrupción y, aunque añade que tanto este cuerpo como el de la Policía Nacional “han mejorado en prevención, transparencia y protección de denunciantes” en estos casos, aún queda recorrido para que adopten un marco general que sea efectivo.