Amnistía Internacional pide la libertad de los Jordis y anular las condenas por sedición

Amnistía Internacional exigió ayer la puesta en libertad “inmediata” del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, a los que el Tribunal Supremo condenó el mes pasado por sedición a una pena de 9 años de prisión al entender que incitaron un “levantamiento tumultario” que tenía como objetivo impedir la actuación judicial en la sede de la conselleria de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017. En su informe sobre el fallo del 1-O presentado ayer, la entidad, además de mostrar su “preocupación” por las condenas por sedición dictadas contra nueve de los doce líderes independentistas que se sentaron en el banquillo del Supremo, urgió al Estado español a reformar la definición de este delito en el Código Penal porque es “vaga” y, en consecuencia, “vulnera el principio de legalidad” y es “contraria al ordenamiento internacional sobre derechos humanos”. Aunque no apreció que fuera un juicio injusto, Amnistía Internacional criticó la interpretación “amplia y peligrosa” efectuada por los magistrados de la sedición porque “criminaliza actos de protesta legítimos” y genera un “efecto disuasorio” que puede desembocar en que los ciudadanos no participen en “protestas pacíficas”.

El informe defiende que los Jordis “nunca debieron ser encarcelados” y denuncia una “restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”. “Como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil, las autoridades tienen la obligación de garantizar su derecho a expresar opiniones contrarias a la decisión del Tribunal Constitucional que prohibía la celebración del referéndum”, remarca el informe.

Por otra parte, en relación con la condena de 11 años y medio de cárcel a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, por sedición y malversación, el informe de Amnistía Internacional califica de “severa” y “desproporcionada” la pena. También, sobre los miembros del Govern condenados, admite que pudieron incurrir en “algún delito”, pero insiste en criticar las penas por sedición. No obstante, la entidad indica que no ha dado con “elementos para afirmar que el proceso judicial haya vulnerado las garantías de un juicio justo”. Aun así, añade que “despertaron preocupación” algunas cuestiones pero “el tratamiento de la prueba efectuado por el tribunal en la sentencia parece suponer un contrapeso a las limitaciones observadas”.

Con todo, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, se comprometió a hacer “gestiones” para liberar a los Jordis y manifestó su preocupación por la utilización del delito de terrorismo en las investigaciones contra Tsunami Democràtic por las protestas que organiza.