Podemos critica la “ley mordaza digital” pero se abstiene para no perjudicar a Sánchez

El Gobierno central logró ayer que la diputación permanente del Congreso validara el decreto de medidas urgentes para la administración digital, concebido, entre otras cosas, para dificultar cualquier intento de la Generalitat de crear una “república digital”. Con los votos a favor de los socialistas, populares y Ciudadanos, y la oposición de ERC, JxCat, PNV, Bildu, Compromís y Vox, la decisión de Unidas Podemos de abstenerse fue crucial para la convalidación del decreto. El portavoz morado, Antón Gómez Reino, dijo que los de Pablo Iglesias, que no compartían de entrada el contenido de la norma, velarán para que no “vulnere derechos fundamentales ni libertades” y vigilarán el control judicial de las decisiones administrativas. Con todo, no dificultaron este trámite a los que, si se recaban los apoyos para la investidura, serán sus socios de Gobierno. La abstención fue criticada por Raúl Camargo, portavoz de los anticapitalistas, corriente interna de Podemos. “Es incomprensible y vergonzante la abstención en la convalidación del decreto para aplicar la ley mordaza en Internet”, manifestó. También el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, arremetió contra esta norma que, a su entender, genera un “estado de excepción digital”. Además, advirtió de que el decreto es una “piedra muy gorda” en el camino para la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo central. “Vulnerar los derechos digitales de los catalanes no le saldrá gratis a Sánchez. Hoy es mucho más difícil su investidura”, subrayó. La diputada de ERC Montse Bassa también avisó, en este sentido, de que “no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente los conflictos políticos”. Asimismo, la CUP aseguró que se opondrá a esta medida “tanto desde las calles y las redes como en el Congreso”. Así las cosas, la vicepresidenta del Gobierno central en funciones, Carmen Calvo, quitó hierro a la convalidación del decreto y subrayó que no va “contra la república digital catalana”. Sin embargo, durante la campaña electoral, los socialistas indicaron que esta medida quería “poner punto y final” a intentos en este sentido.

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Las bases de Podemos han avalado el acuerdo con los socialistas para conformar un Gobierno de coalición si Pedro Sánchez logra recabar los apoyos suficientes para su investidura como presidente del Gobierno central. La formación morada hizo públicos ayer los resultados de la consulta sobre esta cuestión entre su militancia. Con una participación del 26,04% de los inscritos, un total de 134.760 personas, el 96,8% votaron a favor del acuerdo. En cambio, el 3,16% se pronunció en contra y el 0,27% restante votó en blanco. Además, en paralelo, Galicia en Común también dio a conocer ayer los resultados de su consulta sobre el pacto entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En este caso, participaron 7.358 personas, y el 96,81% votó a favor del acuerdo.

Los síes a la coalición entre socialistas y morados de Podemos y Galicia en Común se suman a los de las bases de los comunes y de Izquierda Unida. En el caso de la confluencia catalana de Podemos, el 95% de los militantes avaló el pacto. Mientras tanto, entre las filas de los de Alberto Garzón, el 88% se mostró favorable al entendimiento con los socialistas. En esta consulta participaron un total de 11.674 personas, lo que representa 31% del censo total de la formación izquierdista.

El Tribunal Constitucional empezó ayer, y continúa hoy, las deliberaciones sobre dos recursos de amparo presentados por el líder de ERC, Oriol Junqueras, contra el auto del magistrado del Supremo Pablo Llarena que ratificó la prisión provisional que dictó contra él la magistrada Carmen Lamela, y contra la decisión de Llarena de no permitir la presencia de Junqueras en la sesión constitutiva del Parlament de enero del año pasado. Según fuentes del Constitucional, el recurso más avanzado es el que relativo a la prisión provisional. Cabe la posibilidad de que, por primera vez, en un asunto vinculado al procés no se alcance la unanimidad de los doce magistrados. Con todo, la resolución de Llarena que impidió a Junqueras ir a la constitución del Parlament es la cuestión que más dudas suscita, según las mismas fuentes. Y es que la ponencia del magistrado Juan Antonio Xiol propone dar la razón a Junqueras y enmendar el veto de Llarena. En su momento, este magistrado instructor justificó la prohibición por la “incapacidad legal prolongada” de Junqueras de asistir a los debates y votaciones en la Cámara, debido a su situación de prisión provisional desde el 2 noviembre de 2017. Lo que sí autorizó fue la delegación de voto.