Un centenar de electos rechazan la sentencia del 1-O y las detenciones

Un centenar de alcaldes y regidores independentistas, entre los que se encontraban representantes de Lleida como el alcalde de Torà, se manifestaron ayer en Barcelona en contra de la sentencia del 1-O y en repulsa a las detenciones realizadas los días posteriores durante las protestas.

Los electos, de toda Catalunya y todas las fuerzas soberanistas, se concentraron a las diez de la mañana en la plaza Sant Jaume e iniciaron una marcha por Via Laietena hasta acabar frente a la delegación del Gobierno central donde intentaron reunirse con Cunillera para entregarle un manifiesto de la Assamblea de Càrrecs Electes de Catalunya (ACEC), aprobado por unanimidad el 30 de octubre, en el que reclaman la libertad y la amnistía para los presos, una mesa de diálogo y mediación internacional para resolver el conflicto entre Catalunya y el resto de España. La reunión no fue posible puesto que Cunillera se encontraba de visita en Figueres y Mònica Lafuente recogió el manifiesto. Después de entregarlo los electos leyeron el texto frente a la delegación. Aunque el texto fue firmado en la ACEC ni esta ni la ni Associació de Municipis per la Independència (AMI) estaban detrás de la movilización, avalaban el texto.

Los partidos no han establecido directrices y la decisión depende de cada gobierno municipal

Al pasar por delante de la comisaría de Via Laietana, los representantes del mundo local se pararon y lanzaron proclamas como “fuera las fuerzas de ocupación”. El alcalde de Teià (Barcelona), Andreu Bosch, que se encontraba al frente de la marcha aseguró que su intención no es “convertirse en una plataforma más de rechazo” sino que pretende sumar al mundo local a los rechazos que ya ejercen la ACEC y la AMI.

BARCELONA

Algunos de los presos condenados por el 1-O han iniciado la búsqueda de trabajo fuera del centro penitenciario para poder salir de la cárcel durante algunas horas al día, a la espera de que la junta de tratamiento dictamine si los clasifica como de segundo o de tercer grado, según avanzó ayer TV3. Una vez clasificados en el grado que les corresponda podrían trabajar fuera de la prisión durante algunas horas al día como parte del proceso de reinserción social. No obstante la sentencia dictada por el Tribunal Supremo les inhabilita para ejercer cargos públicos. Por este motivo, Oriol Junqueras por ejemplo no podría volver a obtener su plaza como profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona o Jordi Sànchez, que había estado adjunto al síndic antes de ser nombrado presidente de la ANC. Por este motivo la única opción que les queda es buscar un empleo dentro del sector privado, algo en lo que prevén enfocarse Joaquim Forn o Josep Rull. Según sus defensas todavía no hay ofertas firmes, pero se encuentran tanteando opciones. Entre los trabajos posibles hay alternativas como tareas en cuidado de mayores o programas de voluntariado, algo a lo que optan muchos reclusos. El más conocido, Iñaki Urdangarin, que en septiembre comenzó a trabajar.