PANORAMA
Las cárceles deciden esta semana el régimen de los líderes del “procés”
Y podrían tener permisos en enero, a la espera de los posibles recursos de la Fiscalía || Iceta descarta por ahora los indultos porque la sentencia está “muy reciente”
Los “cantaires” se hicieron ayer una fotografía ante la Paeria para enviarla a los presos.
Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses decidirán esta semana qué régimen penitenciario aplican a los condenados por el 1-O. A este respecto, puede que sean clasificados en el segundo grado penitenciario, lo que les permitirá acceder a permisos una vez hayan cumplido una cuarta parte de la pena que se les impuso el Tribunal Supremo. En caso de que se les imponga este régimen, los primeros en poder salir puntualmente serían el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, sentenciados a 9 años de cárcel y que, a mediados del mes que viene, ya habrán pasado entre rejas el 25% de la condena. Sin embargo, un factor importante a la hora de conceder permisos es el reconocimiento del delito, y los dirigentes independentistas siempre han dicho ser inocentes. También podrían ser clasificados directamente en tercer grado, que es un régimen de semilibertad. Sin embargo, esto ha pasado sólo con nueve presos con condenas similares a las de los del procés en los últimos 18 años. En todo caso, la Fiscalía podrá recurrir la decisión de la junta de tratamiento al juez de vigilancia penitenciaria. La ausencia de recursos del Ministerio Público, que en las causas del procés ha mantenido hasta ahora una posición de máximos, podría ser interpretada como un gesto para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Mientras, el líder del PSC, Miquel Iceta, descartó ayer conceder un indulto a los líderes condenados por el 1-O. Iceta indicó que el fallo es aún “muy reciente” y que “las medidas de gracia llegan al cabo de un cierto tiempo”. Además, en El País, recordó que los propios encarcelados han dicho en varias ocasiones que no querían el indulto.
Por otra parte, cuatro jefes de los antidisturbios de la Policía Nacional que declararon ayer como imputados por las cargas del 1-O ante un juez de Barcelona dijeron tener orden de no arrestar a nadie y de hablar por teléfono. Mientras, entre enero y junio, regresaron a Catalunya 50 empresas de las que se fueron tras el referéndum.
