Las defensas de la cúpula del 1-O chocan por el régimen penitenciario

Después de que durante el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo las defensas de los líderes del procés mantuvieran una imagen de unidad, ayer mostraron sus discrepancias en relación al régimen penitenciario en el que creen que tendrían que ser clasificados sus clientes. Si se les aplica el segundo grado, tendrían derecho a 36 días de permiso al año cuando cumplieran un cuarto de la condena y podrían efectuar trabajos sociales fuera de prisión. Si se les clasificara en tercer grado, tendrían 48 días de permiso al año y salidas los fines de semana. Así, fuentes de las defensas de los presos de ERC auguraron que las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses otorgarán el segundo grado a la cúpula del 1-O. De ser así, avanzaron que recurrirán la decisión para lograr el tercer grado o, por lo menos, la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario en segundo grado, que permite salidas casi a diario. Es en este punto en el que discrepan de las defensas de los presos de JxCat. Y es que Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, aseguró que batallarán por el tercer grado, a la vez que censuró manifestaciones “que pretenden normalizar el segundo grado”.

Sea como fuere, hoy mismo se conocerá el informe de las juntas de tratamiento, pero será la secretaría de medidas penales del departamento de Justicia, conselleria encabezada por la leridana Ester Capella, de ERC, la que tendrá la última palabra sobre el régimen a aplicar, amén de los posibles recursos que los presos o la Fiscalía presenten al juez de vigilancia penitenciaria.

Las juntas de tratamiento de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses publican sus informes sobre el grado

El juicio contra Trapero será en la Audiencia Nacional porque el fiscal le sigue acusando de rebelión

Mientras, el Constitucional decidió ayer dejar para 2020 el debate del recurso de amparo presentado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la negativa del magistrado del Supremo Pablo Llarena de dejarle asistir a la constitución del Parlament en 2018. De nuevo, la resolución de este recurso podría romper la unanimidad de los magistrados.

barcelona

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jesús María Barrientos, Mercedes Armas y Joaquín Elías, integrantes del tribunal que ha juzgado al president de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos de los edificios del Govern después de que se lo ordenara la Junta Electoral Central debido a la proximidad de las elecciones generales del 28 de abril, celebraron ayer la primera sesión para deliberar sobre la sentencia de esta causa. En consecuencia, según apuntaron fuentes del tribunal, es poco probable que el fallo se dé a conocer a lo largo de esta semana, aunque la intención es que se publique antes de Navidad.

En paralelo, el TSJC hizo pública ayer una sentencia en relación al pago, por parte del ayuntamiento de Reus, de las cuotas de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). A este respecto, los magistrados anularon no sólo el acuerdo del consistorio para pagar las cuotas a la AMI sino que también dejaron sin efecto el de adhesión porque “ultrapasa el ámbito de competencias locales”. El ayuntamiento de la capital del Baix Camp anunció que recurrirá la sentencia ante el Supremo y criticaron la interpretación que el TSJC hace de los límites reales de las atribuciones municipales.

En otro orden de cosas, la Audiencia Nacional descartó remitir a la Audiencia de Barcelona la causa contra el exmajor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, tal y como pedía la defensa, después de que la Fiscalía se opusiera a modificar su acusación de rebelión a sedición, al menos hasta que arranque la vista oral. A este respecto, el juicio contra Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler, el exsecretario de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana comenzará el 20 de enero y se prolongará hasta el mes de marzo.