Las juntas de tratamiento avalan el segundo grado para los líderes del independentismo

Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses propusieron ayer clasificar en el segundo grado penitenciario a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión de entre 9 y 13 años por el 1-O. Así lo comunicó el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, que puntualizó que la resolución se adoptó después de un “debate intenso” y que no se aprobó por unanimidad. Ahora, el departamento de Calderó tiene un plazo de dos meses para avalar o no la aplicación del segundo grado a los presos de la cúpula del procés. En el 95% de los casos, la conselleria de Justicia corrobora la decisión de las juntas de tratamiento. Calderó avanzó que la intención es no agotar el plazo y adoptar una resolución a la mayor brevedad posible dada la “complejidad” del caso. Con todo, la clasificación de la Generalitat podrá ser recurrida por las defensas ante el juez de vigilancia penitenciaria, y la de éste es recurrible a su vez ante el tribunal que dictó sentencia, en este caso el Supremo. También es previsible que, si la Generalitat enmendara a las juntas de tratamiento y aplicara el tercer grado a los líderes del 1-O, la Fiscalía recurriera la decisión por los mismos cauces que las defensas.

Tras conocerse la decisión, el vicesecretario general de Comunicación y Estrategia de ERC, Sergi Sabrià, señaló que respeta “técnicamente” la decisión de las juntas de tratamiento, aunque estudiarán “todas las opciones” para que los presos “salgan a la calle”. En este sentido, aseguró que los republicanos no “presionarán” a los funcionarios porque se trata de posicionamientos “estrictamente técnicos”. Sabrià, que no quiso revelar si un eventual recurso de la Fiscalía contra el régimen penitenciario de los líderes independentistas afectará a la negociación de la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central (más información en la página 21), apuntó que “para que el diálogo tienda a una solución política para Catalunya, no puede ir acompañado de represión”. Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat, lamentó la resolución de las juntas de tratamiento porque, a su entender, “era posible otra decisión”. Así, sostuvo que el hecho de que la clasificación de los presos en segundo grado no se haya adoptado por unanimidad revela que “se les hubiera podido conceder el régimen de tercer grado”.

La secretaría de Medidas Penales tiene dos meses para avalar o no la decisión, pero no agotará el plazo

Permite a los presos salir de prisión antes de haber cumplido un cuarto de la condena impuesta

Si se implementara la vía del 100.2 del régimen penitenciario, podría solicitar permisos de inmediato.

La decisión sobre la aplicación o no de esta medida, que ha sido reivindicada por ERC, depende de la administración penitenciaria, competencia que corresponde a la Generalitat, y se aplicaría de inmediato. Sin embargo, después tiene que ser validada por el juez de vigilancia penitenciaria, que la podría tumbar y obligar al preso a volver a prisión.