¿Tendrá consecuencias sobre la investidura?

Sí. ERC anunció ayer mismo que no habrá nuevas negociaciones de investidura hasta que el PS OE deje claro cómo piensa actuar en relación a la inmunidad de Junqueras. La situación pone en un brete a Pedro Sánchez, que tuvo que afrontar una dura reacción de los fiscales del Tribunal Supremo a raíz de un dezliz en la pasada campaña electoral en el que dijo que la Fiscalía depende del Gobierno (lo afirmó en relación a su promesa de “traer a Puigdemont”). Cuando se produjo la moción de censura que echó a Rajoy y Sanchez nombró a María José Segarra como fiscal general del Estado, los fiscales del Supremo se negaron en redondo a rebajar su calificación de rebelión a sedición para los líderes del procés (sí lo hizo la Abogacía del Estado). Ahora ERC exigirá con toda seguridad que la Abogacía del Estado (dependiente del ministerio de Justicia, es decir, del gobierno) no se oponga a la libertad de Junqueras, algo que parece al alcance de Sánchez, pero si además la formación republicana exige un gesto similar de la Fiscalía, el presidente en funciones lo tendrá muy difícil para evitar unas terceras elecciones.