La Fiscalía duda de la obligación de acatar la Constitución de los eurodiputados españoles

La Fiscalía ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la paralización del procedimiento abierto a raíz del recurso interpuesto por Carles Puigdemont y Toni Comín contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no incluirles en la lista de eurodiputados españoles electos remitida al Parlamento Europeo debido a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la inmunidad de Oriol Junqueras.

Ambos dirigentes independentistas, que lograron un escaño en la Cámara de Estrasburgo en las elecciones del 26 de mayo, denunciaron ante el Supremo que la JEC no les incluyera en el listado de electos remitido a la Eurocámara aduciendo que no habían completado el trámite de acatar la Constitución. En un primer momento, el Ministerio Público sostuvo que “el acatamiento de la Constitución se erige, en la lógica y en la letra de la ley electoral, como exigencia común para el ejercicio de cualquier cargo electivo de representación política”. Sin embargo, a la vista del fallo del TJUE, que determina que la condición plena de eurodiputado se obtiene sencillamente con la elección popular, la Fiscalía ha repleanteado su posicionamiento y ha abierto la puerta a dar la razón a Puigdemont y Comín, en el sentido de que no sería necesario que juraran o prometieran la Carta Magna como requisito previo a poder sentarse en el órgano legislativo de la Unión Europea. A este respecto, el fiscal Pedro Crespo, que firma el escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, propone a los magistrados que no se pronuncien sobre el caso hasta que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre esta cuestión. Alternativamente, el representante del Ministerio Fiscal les invita a tramitar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que sea la más alta instancia judicial comunitaria la que determine si la obligación de los eurodiputados españoles de acatar la Constitución antes de acceder a su escaño es “compatible” con las leyes europeas.

La Fiscalía no tiene claro si es “compatible” con las leyes de la UE la obligación de acatar la Constitución

Con todo, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat, subrayó que es “un placer” ver como “la Fiscalía y el Supremo reculan y admiten que todo lo que han hecho hasta ahora es ilegal”. “Es indescriptible”, apuntó. La resolución de esta causa repercutirá también en Clara Ponsatí que, tras el Brexit, se convertirá también en eurodiputada en las filas de JxCat.