Sánchez e Iglesias apuestan por el diálogo en Catalunya y prometen una nueva financiación

Más de mes y medio después de que el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, rubricaran con un abrazo su acuerdo para conformar el primer Ejecutivo de coalición tras la dictadura franquista, ayer ambos dirigentes volvieron a escenificar con el mismo gesto su entendimiento al presentar el programa que ha de inspirar el futuro Gabinete bicolor, que echará a andar si los socialistas logran suficientes apoyos para la investidura. En un documento de cincuenta páginas, los de Sánchez y los de Iglesias se comprometen a abordar el “conflicto político catalán” con “diálogo, negociación y acuerdo”. A este respecto, aseguran que traspasarán a la Generalitat todas las competencias pendientes reconocidas en el Estatut. Además, prevén implementar un nuevo sistema de financiación. Sin embargo, apuestan por la “multilateralidad” y por potenciar la conferencia de presidentes, pero sin que ello “impida la existencia de órganos bilaterales”.

Por otra parte, derogarán parcialmente la reforma laboral del PP, aprobada en 2012. A este respecto, fijan como “urgencia” la recuperación de los derechos laborales “arrebatados” con esta normativa. En especial, el acuerdo menciona la eliminación de la acumulación de bajas por enfermedad como causa objetivo de despido. Tras el aval que esta modalidad recibió del Constitucional en octubre, el primer despido amparado en ella fue de una trabajadora leridana. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa, así como revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios. Igualmente, prometen elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España a final de legislatura. Así, se elevaría a unos 1.200 euros, frente a los 900 euros de ahora. También incluye la revalorización de las pensiones con el IPC. En lo que respecta a los alquileres, prevén establecer topes a las subidas de las rentas en determinadas zonas, además de medidas “de estímulo o sanción” para sacar al mercado inmuebles a precios “razonables”.

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En materia fiscal, apuesta por un “aumento de la progresividad” con un incremento del IRPF de dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Además, el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades será del 15% para las grandes empresas, y del 18% para las entidades financieras y las de hidrocarburos. También, se comprometen a sustituir la “ley mordaza”, a que la asignatura de religión sea voluntaria y no cuente para la nota, y a quitar copagos y garantizar la sanidad universal, entre otras medidas, como abaratar las energías renovables.