Estos son los primeros retos del nuevo Ejecutivo

Convocar la mesa de gobiernos entre Estado y Generalitat para abordar el conflicto catalán, elevar el salario mínimo y actualizar las pensiones son algunos de los primeros retos del gobierno de coalición, además de la subida del sueldo de los funcionarios. El nuevo Ejecutivo se ha puesto de plazo tres meses para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero el primer Consejo de Ministros tendrá que dar cuenta de varias iniciativas económicas que quedaron congeladas a finales de diciembre a la espera de que se conformara el nuevo Gobierno.

Respecto a Cataluña, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a que en un plazo máximo de quince días tras la formación del nuevo Ejecutivo se crearía la prometida mesa de gobiernos para debatir la situación en Cataluña. Así consta en el pacto entre PSOE y ERC, por el que la formación independentista se abstuvo en la investidura de Sánchez, y que también acordó someter a consulta en Cataluña los acuerdos a los que pudieran llegar.

Pero además de esta medida, el Gobierno tiene pendiente aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que quiere negociar con los agentes sociales y actualizar las pensiones el 0,9 por ciento este año. Además, deberá incrementar las nóminas de los funcionarios en torno al 2 por ciento.

En paralelo, el nuevo Gobierno de coalición deberá poner en marcha la reforma de la financiación autonómica, otro compromiso en el que tiene que implicar a todas las comunidades y que deberá tomar forma en los próximos meses.

Otro asunto prioritario para el Gobierno, y así lo recogió en el acuerdo para una coalición progresista, es la derogación de la reforma laboral del PP, la recuperación de derechos laborales y sociales "arrebatados" por los populares.

Además, en las próximas semanas el Gobierno de coalición deberá impulsar la agenda social prometida en la que se incluye una de las reivindicaciones más emblemáticas de Unidas Podemos como es frenar la subidas abusivas del alquiler y dar potestad a los ayuntamientos y comunidades para que regulen estos incrementos en caso de producirse.

El Gobierno también deberá materializar la protección al cien por cien a las familias vulnerables en situación de pobreza energética y proceder a la eliminación progresiva de los copagos sanitarios introducidos en 2012.

El nuevo Ejecutivo incrementará los recursos públicos para la educación y becas, garantizará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, la asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya asignatura alternativa y la nota no computará a efectos académicos y se regularán los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía.