El Supremo ratifica la inhabilitación de Torra y el Parlament reitera que no obedecerá

El Tribunal Supremo rechazó ayer suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el pasado 3 de enero al president de la Generalitat, Quim Torra, su credencial como diputado del Parlament. El Alto Tribunal rechazó la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar “razones de especial urgencia que aconsejen suspender en 48 horas” el acuerdo de la JEC antes de resolver el fondo de la cuestión. Según la resolución, la inhabilitación del presidente como diputado se debería aplicar de manera inmediata, pero la Cámara catalana, que es la que debería de ejecutar la orden, aprobó, tras la decisión de la JEC, en un pleno extraordinario que no lo hará. Fue una decisión también ratificada por el president del Parlament, Roger Torrent, tras conocer el dictamen del Supremo. Ahora la Sala estudiará si aplica la medida cautelar de suspensión y cómo afecta la inhabilitación como diputado a su mandato ya que, según el artículo 67.2 del Estatut, el president de la Generalitat “es elegido por el Parlamento de entre sus miembros”, pero no dice nada de qué pasa cuando pierde el escaño estando ya en el cargo.

Tras conocer la sentencia, el president se reunió con el Torrent, los miembros de la Mesa y miembros de los partidos independentistas y convocó un Consell executiu Extraordinario tras el que declaró que “no acatará la decisión”. Aseguró que él continuaba siendo “diputado del Parlament y presidente de Catalunya” argumentando que “el único que pude cesar al president es el Parlament” y criticó que la sentencia es “un nuevo ataque” contra la soberania de la Cámara catalana. Ayer mismo también pidió a la Junta Electoral de Barcelona la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central hasta que el Supremo “se pronuncie sobre las medidas cautelares”. Sin embargo, esta declaró vacante el escaño de Torra nombrando de sustituto a Ferran Mascarell, su sucesor en la lista de JxCat. La decisión, añadió, es de obligado cumplimiento y no podrá ser recurrida. Por su parte, el president del Parlament ratificó la decisión ya adoptada por la Cámara catalana de que, según su criterio, Torra “sigue siendo diputado de pleno derecho”, pese a la inhabilitación dictada contra él y anunció que la Mesa presentará un recurso ante el Supremo, en el que se alegará que la JEC no es competente para ordenar la inhabilitación de un diputado, sino que lo debe decidir la cámara. Según el artículo 24 del reglamento del Parlament, un diputado solo pierde su acta, entre otras razones, si existe una condena de inhabilitación por sentencia firme.

Asegura tras la sentencia que sigue “siendo diputado del Parlament y president de Catalunya”

Los datos de déficit entre 2015 y 2016 son los más altos desde 2008, cuando fue de 17.200 millones

BARCELONA

El déficit de Catalunya con el Estado superó en los ejercicios de 2015 y 2016 los 16.800 millones de euros, según las últimas actualizaciones del balance fiscal de la dirección general de presupuestos de la Generalitat. Los datos, los más altos desde los 17.200 millones del 2008, se incluirán en el informe económico y financiero que acompañará a los presupuestos catalanes para 2020. De acuerdo con estas cifras, el déficit fiscal del 2015 supuso el 8,2% del PIB, en un año en que los catalanes aportaron el 18,9% de los ingresos del sector público español y recibieron solo un 13,2% de gasto. En lo que respecta a 2016, se situó en el 7,9% del PIB, aportando un 19,2 por ciento de los ingresos y recibiendo un gasto del 13,5%. Esta última actualización permite, según la vicepresidencia de Economía y Hacienda, “constatar un año más que Catalunya sufre una situación de déficit fiscal en relación al Estado”. Esta balanza fiscal se calculó con el método de flujo monetario, que refleja el gasto efectivo del sector público central, considerado el “más efectivo” por la Generalitat, ya que refleja las inversiones en el territorio. En caso de aplicar otros métodos, como el de carga-beneficio, defendido por el ministerio de Hacienda, el deficit catalan se situaría en los 1.830 millones el 2015 y en 12.225 en 2016, cifras que representan un 5,8% y un 5,7% del PIB, ya que en el se reflejan inversiones en otras zonas, que pueden beneficiar a otras.