Trabajo sancionó cuatro veces en los últimos años a la empresa de la explosión de Tarragona
La Generalitat "irá hasta el fondo" de la investigación a raíz del siniestro
Inspección de Trabajo de la Generalitat sancionó cuatro veces en los últimos años a la empresa IQOXE de Tarragona, de las cuales tres fueron por aspectos relacionados con la salud y la seguridad y el otro con las condiciones de trabajo. Ahora, a raíz del siniestro, que ha causado tres víctimas mortales –dos de ellas trabajadores de la empresa– se han abierto dos expedientes más a raíz del siniestro, según ha explicado el conseller de Trabajo Chakir el Homrani, que ha añadido que los inspectores del departamento están pendientes de recibir la autorización de los cuerpos de emergencias para acceder al interior de las instalaciones. El conseller ha garantizado que la Generalitat "irá hasta el fondo" de la investigación, que ha pronosticado que será larga y "compleja".
Un juzgado abre diligencias por las muertes por la explosión
El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha abierto diligencias por las muertes en la explosión de la industria IQOXE a la Canonja (Tarragonès). Fuentes judiciales han apuntado que la magistrada queda a la espera de recibir y analizar a fondo informes de Mossos, Bomberos, Protección Civil o Inspección de Trabajo para decidir si pide nuevas diligencias y, si es el caso, investigar a la empresa por accidente o por negligencia. La investigación sobre las causas y las circunstancias en las que se produjo la explosión al reactor será clave para determinar la posible responsabilidad penal de la empresa. Fuentes jurídicas apuntan que se podría atribuir homicidio imprudente a la empresa si se detectan negligencias o deficiencias de mantenimiento o de seguridad en la planta.
Ya el día de la explosión, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona encabezó la comisión judicial en las tareas de levantamiento de los cadáveres en el piso de Torreforta donde impactó un proyectil y en la misma planta afectada. La fiscalía también ha estado presente, pero no ha abierto diligencias propias al haber ya una causa judicializada. Fuentes judiciales consultadas por la ACN han indicado que, si se detectan posibles deficiencias o negligencias de mantenimiento o en la adopción de seguridad en la planta se podrían atribuir en la empresa homicidios imprudentes y lesiones. Además, también se podría perseguir a la compañía por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores en caso de que hubiera incumplido la normativa de seguridad laboral.