Junqueras reclama poder ocupar su escaño como eurodiputado

El abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que se suspenda la decisión del Parlamento Europeo de constatar la vacante del escaño de Junqueras en la Eurocámara, así como la desestimación de su petición urgente para proteger su inmunidad como eurodiputado. En tres escritos que ha presentado el abogado Andreu Van den Eynde reclama también que se tomen todas las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos los privilegios, inmunidades y derechos fundamentales de Junqueras como miembro del Parlamento Europeo. También pide que se ordene a España la inmediata puesta en libertad de Junqueras para poder ejercer plenamente su cargo de eurodiputado mientras no se dicte sentencia en el procedimiento principal. Además, sostiene que ni en la petición de protección de inmunidad ni en la decisión anunciada por el Pleno del Parlamento Europeo se ha garantizado el derecho de Junqueras a ser escuchado antes de la adopción de una medida individual y que tampoco se ha garantizado el derecho de acceso al expediente.

Paralelamente, el líder del PP, Pablo Casado, anunció ayer que su partido “se presentará” en el procedimiento del Tribunal Supremo para impedir que el presidente catalán, Quim Torra, su antecesor, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, vean “restituidos” sus escaños en el Parlament y la Eurocámara. Reiteró que la voluntad de su partido es la de “despolitizar la Justicia”. Por su parte, el expresidente catalán y eurodiputado, Carles Puigdemont, respondió a Casado que “en las democracias son los ciudadanos los que deciden quién tiene escaño o no” y que cargarse este principio “es caer en el totalitarismo”.

Trapero se sienta en el banquillo y se enfrenta a once años de cárcel La Audiencia Nacional acoge a partir de hoy la segunda parte del juicio del procés, la que sentará en el banquillo de los acusados al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, y la intendente Teresa Laplana. Los tres primeros se enfrentan a una petición fiscal de 11 años de cárcel por rebelión, mientras que la cuarta está acusada de sedición, por la que le piden cuatro años de prisión.