Trapero se planteó detener personalmente a Puigdemont pero su equipo se lo desaconsejó

La tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra por el 1-O sirvió para acabar con el interrogatorio del exmajor Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión y que se enfrenta a una petición de pena de 11 años de cárcel. Trapero respondió ayer a las preguntas de la defensa, que sirvieron para enfatizar la distancia marcada con los dirigentes independentistas en las réplicas de los días anteriores al fiscal Miguel Ángel Carballo. Así las cosas, el exjefe del cuerpo explicó que, tras la declaración unilateral de independencia (DUI), se planteó detener personalmente a Carles Puigdemont en caso de que lo ordenara algún juzgado. Sin embargo, los comisarios Ferran López, que se hizo cargo de los Mossos durante el 155, y Joan Carles Molinero le disuadieron y se comprometieron a ser ellos mismos quienes practicaran el arresto si lo ordenaba la autoridad judicial. En esta línea, Trapero también se lamentó por no haber dado una rueda de prensa antes del referéndum para desmarcarse del Govern. A este respecto, indicó que, tras una reunión en el Palau de la Generalitat tres días antes de la consulta, “nos planteamos hablar porque salimos frustrados e insatisfechos”. “Hicimos un borrador pero declinamos publicarlo, ahora lo lamento”, concluyó.

Por otra parte, tras defender de nuevo la actuación de los Mossos durante el 1-O y subrayar que el dispositivo policial de aquel día estaba “pactado” con las demás fuerzas de seguridad, desveló que, después de su destitución al frente de la Policía catalana, le han sondeado varias veces para entrar en política, lo que ha rehusado. Igualmente, afirmó que el president, Quim Torra, le ofreció formalmente regresar al cargo, algo a lo que el exmajor se negó.

Trapero insiste en que el operativo del 1-O estaba “pactado” entre Mossos, Policía y Guardia Civil

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Finalizado el interrogatorio al exmajor Josep Lluís Trapero, la siguiente en sentarse ante el tribunal de la Audiencia Nacional fue la intendente Teresa Laplana, acusada de sedición y para la que el Ministerio Público pide una pena de 4 años de cárcel. Laplana manifestó que el 20 de septiembre de hace tres años no le tocaba trabajar pero que, a la vista del registro en la conselleria de Economia y de la manifestación que se montó frente al edificio, acudió porque “era mi responsabilidad” al no poder acudir ningún otro compañero. “Ese día lo tenía de reposo porque padezco un síndrome vertiginoso”, indicó.

La intendente, que llegó hacia las 9:20 de la mañana y ya encontró una “aglomeración de personas”, indicó que su función era “informar de lo que veía a sus superiores e interlocutar con la Guardia Civil”. Asimismo, puntualizó que habló con Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, porque sus superiores se lo pidieron. En este sentido, señaló también que le solicitaron que voluntarios de esta entidad ayudaran a entrar y salir del edificio, rodeado por manifestantes. Al hilo de esto, Laplana aseguró que la manifestación, “de ninguna de las maneras”, fue violenta. “La actitud de los concentrados era reivindicativa, expresaban rechazo hacia la actividad de la Guardia Civil”. Además, añadió que, si no se montó un perímetro de seguridad alrededor de la sede del departamento que entonces lideraba Oriol Junqueras, fue porque “la actitud de los manifestantes hubiera sido de resistencia”.

Por otra parte, Laplana relató que “nunca llegó a ver” los vehículos de la Guardia Civil aparcados enfrente de la conselleria porque “la manifestación era muy numerosa”. Y eso, a pesar de que Laplana afirmó haber estado “en todo momento” en el hall del edificio. “Después sí que vi que los periodistas habían subido a los vehículos”, añadió.