Torra y Sánchez se citan para el 6 de febrero a una reunión en Barcelona

Quim Torra hará una declaración institucional este mediodía en el Palau de la Generalitat, según se anunció a última hora de anoche. El mensaje se produce después de que el Parlament retirara el lunes la credencial de diputado a Torra tras la decisión del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central en esta línea. En este contexto, crecen los rumores de adelanto electoral después de los momentos de tensión que protagonizaron el lunes Esquerra y JxCat en el Parlament, pese a la “tregua” de ayer por la comisión del 155.

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El president de la Generalitat, Quim Torra, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se reunirán en Barcelona el 6 de febrero en el que será su primer encuentro en el marco del diálogo “bilateral” entre las administraciones española y catalana pactado por el PSOE y ERC en el acuerdo de investidura. Así lo anunció ayer portavoz de La Moncloa y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la reunión del Consejo de Ministros. A este respecto, sostuvo que “hoy por hoy” Torra continúa siendo el president. “Es obvio porque no hay ninguna resolución judicial, ni ninguna norma que diga lo contrario”, subrayó, con independencia de su inhabilitación como diputado del Parlament ordenada por la Junta Electoral Central (JEC), en base a la condena por desobediencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y que el lunes asumió el Parlament. Con todo, la ministra socialista dejó abierta la puerta a que el encuentro se suspenda o se posponga si se produce alguna “incidencia”.

Tras el anuncio de La Moncloa, el diputado republicano Jordi Orobitg subrayó que se trata de un “paso importante” para abordar el “conflicto político”. Mientras tanto, el parlamentario de JxCat Francesc de Dalmases hizo hincapié en la importancia de determinar como “enmarcar” el diálogo. “Sabemos que no tenemos que desfallecer ni un poco en el diálogo, pero tengamos muy en cuenta dónde lo enmarcamos, y de qué y cómo quieren que se hable, remarcó.

Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, recriminó a Sánchez su decisión de reunirse con Torra porque “no es un interlocutor válido” porque, a su entender, ya no es president. En la misma línea, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, insistió en que Torra es un “condenado”.

Pero las palabras más duras llegaron de la mano del expresidente del Gobierno José María Aznar, que acusó a Pedro Sánchez de “promover un cambio de régimen”. Aznar alertó del peligro de la “fragmentación” que vive España, en especial el centro-derecha, y del “auge de los nacionalismos y los populismos”, que ha llevado a una “polarización” de la vida política. Recomendó a Casado “confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera”.

Clara Ponsatí, consellera de Enseñanza en el Govern de Carles Puigdemont y que ahora se enfrenta a una euroorden en Escocia, como estaba previsto, no acudió ayer a acatar la Constitución para recoger su credencial como eurodiputada tras la marcha de los parlamentarios británicos por el Brexit. La JEC la ha vuelto a citar mañana y, de no acudir, dejará vacante su escaño pese al fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras, que dijo que este trámite de acatamiento no condiciona la adquisición de la condición plena de eurodiputado.

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El Tribunal de Cuentas fijó ayer en 4.146.000 euros el montante de la responsabilidad contable de la cúpula independentista por los gastos que, a su entender, se efectuaron para llevar a cabo el referéndum del 1-O. El funcionario delegado que instruye la causa notificó, por medio de un acta de liquidación provisional, a una treintena de exdirigentes del Govern su obligación de depositar en quince días una fianza solidaria equivalente a esta cantidad por el supuesto desvío de fondos públicos para la celebración de la votación. En caso de no abonar las cantidades, el Tribunal de Cuentas procederá a embargar los bienes de los investigados. Entre los señalados por este órgano administrativo fiscalizador de la responsabilidad contable de los políticos se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El líder republicano es el dirigente independentista al que el Tribunal de Cuentas le atribuye la responsabilidad contable más elevada. Así, considera que debe responder por partidas presupuestarias que, sumadas, alcanzan los 3,6 millones de euros.

La causa en el Tribunal de Cuentas por el 1-O tiene su origen en una demanda presentada por las entidades unionistas Sociedad Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució. Es una acción similar a la que condenó por el 9-N al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau.

La Caixa de Solidaritat ya ha puesto en marcha una campaña para recabar estos más de 4 millones y evitar el embargo de los bienes de los investigados.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó ayer de manera unánime dirigirse a la Fiscalía para que estudie si abre una investigación por desobediencia contra el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident primero de la Cámara, Josep Costa, y el secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós. En su escrito, los magistrados aceptan un incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno central, entendiendo que los tres desoyeron la orden de impedir la tramitación de resoluciones que insistían en la defensa de la autodeterminación y en reprobar la monarquía. Concretamente, se refieren a los acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y del 29 de octubre del año pasado, que admitieron a trámite una propuesta de resolución que manifestaba que el Parlament, ante la sentencia del Supremo por el 1-O, “reitera y reiterará en tantas ocasiones como lo deseen los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para expresar su futuro político”. Antes, sin embargo, el Constitucional ya había prohibido a la Cámara catalana la admisión de propuesta de resoluciones que versaran sobre estas cuestiones.

El president de la Generalitat, Quim Torra, después de conocer la decisión de los magistrados expresó su apoyo a Torrent, Costa y Campdepadrós. “Siempre con la defensa de los derechos fundamentales”, subrayó.