Autorizan un permiso de 72 horas a Cuixart pese a la oposición del fiscal

La titular del juzgado de viligancia penitenciaria número 5 de Catalunya autorizó ayer un permiso penitenciario de 72 horas para el líder de Òmnium, Jordi Cuixart. En su auto, la jueza desmontó los argumentos con los que la Fiscalía pretendía evitar la segunda salida de la cárcel de Lledoners de este dirigente independentista condenado por sedición a nueve años de cárcel en relación con el 1-O. El Ministerio Público se había posicionado en contra de la concesión del permiso a la vista de la “ausencia de arrepentimiento” en Cuixart, basándose en su afirmación de “lo volveremos a hacer”, que pronunció durante el juicio ante el Supremo. Sin embargo, la jueza aseguró que esta frase es “una mera expresión de un pensamiento ideológico-político”. Además, defendió que “se refiere a la voluntad de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Catalunya de forma pacífica y no violenta”. También reprendió a la Fiscalía por argumentar su petición solamente en la declaración de Cuixart y en el título de su libro, y “no profundizar en el contenido de dicho libro, ni en las demás manifestaciones que al respecto se indican en el informe del psicólogo del centro penitenciario de Lledoners”.

Igualmente, la jueza aseguró que Cuixart “ha reconocido los hechos delictivos”, algo que niega el fiscal, aunque “no está conforme con la calificación jurídica de los mismos, y no muestra arrepentimiento, defendiendo su inocencia, lo cual es sin duda un pensamiento y decisión legítimos puesto que la normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni a que se declare culpable”.

Los magistrados actúan ante un texto de la CUP que insistía en el ejercicio de la autodeterminación

La resolución, presentada por la CUP, fue votada mientras el Constitucional estaba reunido, precisamente, para evitar su votación. Aunque el pleno de este tribunal terminó antes de que se produjera la votación en el hemiciclo, la Cámara catalana aseguró que la notificación de la decisión del TC llegó después de que la mayoría independentista hubiera aprobado el texto.

De esta forma, el Constitucional estimó los argumentos del Gobierno central, que presentó un incidente de ejecución de sentencia. La decisión será notificará personalmente a Torrent, a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament, “con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa” similar que se presente en el futuro en la Cámara.