Aznar y Rajoy declararán en el juicio sobre la caja b del PP como testigos

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han sido llamados a declarar como testigos en el nuevo juicio sobre los ‘papeles de Bárcenas’ que próximamente se celebrará en la Audiencia Nacional por el presunto pago con dinero de la ‘caja b’ del Partido Popular de la reforma de la sede de la formación en la calle Génova de Madrid. La Sala ha estimado la batería de testificales solicitados hace ya cinco años por las acusaciones populares de Izquierda Unida y la Asociación Abogados Demócratas por Europa.

En el caso de Aznar será la primera vez que declaré en sede judicial para dar explicaciones sobre la presunta contabilidad paralela de los populares. El expresidente sólo ha declarado en la comisión del Congreso que investigaba la presunta financiación ilegal de la formación y se desvinculó de la trama. En cuanto a Rajoy, ya compareció ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel. Este afirmó que “jamás” supo nada de la presunta caja b del PP porque su responsabilidad en el partido eran “políticas”, no contables. Sin embargo, la Audiencia cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

Por otro lado, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga los sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Trabajo con el PP Eduardo Zaplana ocupó un “plano de jerarquía superior” en la trama y obtuvo más de 11 millones de euros. En la trama, el expresidente está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. En esta compleja estructura, según señala la OCU, también jugó un papel importante el exconseller valenciano Juan Cotino, así como sus sobrinos, los empresarios José y Vicente Cotino, los supuestos testaferros, puesto que lideraban el grupo empresarial a través del que se cobraban las “mordidas”.