El Gobierno baja la previsión de crecimiento y eleva la del déficit público para este año

El Gobierno central rebajó ayer al 1,6% el crecimiento económico previsto para 2020, lo que le llevó también a flexibilizar la reducción del déficit público al 1,8% del PIB para no dañar la economía ni el empleo y para poder elevar el gasto este año un 3,8%, hasta 127.609 millones de euros. El límite de gasto no financiero es el punto de partida de los Presupuestos de 2020 que el Gobierno no sabe cuándo presentará, pero que quiere tener aprobados antes de que acabe el verano, según reiteró ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

El avance del 1,6% del PIB en 2020 se sustentará en la recuperación del consumo interno, que crecerá el 1,5%, impulsado por la mejora de los salarios y el dinamismo del mercado laboral, aunque la creación de empleo se frenará casi un punto, con un incremento del 1,4% en empleos equivalentes a tiempo completo, en tanto que la tasa de paro se sitúa en el 13,6%, frente al 12,3% del último cuadro macro de octubre de 2019. Para 2021 el Gobierno calcula que tocará fondo la desaceleración con un crecimiento económico del 1,5%, que subirá al 1,6% en 2022 y al 1,7% en 2023.

El Gobierno elevará el gasto durante este año un 3,8%, hasta 127.609 millones de euros

El Consell Executiu también ha dado luz verde al retorno del 60% de la paga extra del 2013

Así, el Ejecutivo fijó el objetivo de déficit público para este año en el 1,8% del PIB, una flexibilización de 1,3 puntos respecto al 0,5% todavía vigente (aprobado por el PP en 2017) y una décima más respecto a la desviación al 1,7% que el Ejecutivo comunicó en 2019 a Bruselas. Además, aprobó la senda de estabilidad presupuestaria para el resto de la Legislatura (2021-2023), que se tendrá que someter a la convalidación de las Cortes, con unas metas de déficit público del 1,5% del PIB en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. La senda contempla más holgura en los objetivos de reducción de la deuda pública, que bajará al 93,4% del PIB en 2021, al 91,7% en 2022 y al 89,8% en 2023.

La vicepresidenta y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo que el crecimiento es más equilibrado que en otras fases expansivas y en que se mantiene un diferencial positivo respecto a la zona del euro. Afirmó que son unos objetivos realistas y razonables “que no venden humo”, cumplen con las exigencias europeas y permitirán elaborar unos presupuestos que “pivotarán sobre el refuerzo del Estado de bienestar, la apuesta por una transición ecológica justa, la reducción de las desigualdades y la defensa de la clase media y los trabajadora”.

Por otra parte, el pleno del Parlament aprobó un decreto ley para autorizar al Govern a usar operaciones de endeudamiento mientras se mantenga la prórroga presupuestaria, hasta que se aprueben los Presupuestos catalanes, apoyado JxCat y ERC, mientras que Cs, los comuns y el PP se abstuvieron y el PSC y la CUP votaron en contra.

Por otra parte, el Consell Executiu también dio luz verde ayer al retorno del 60 por ciento de la paga extra del 2013, que tendrá un coste de 323 millones de euros, que se elevará hasta los 621 millones si se incluye la masa salarial del personal docente y sanitario.

Como el PIB español no superó el 2 por ciento en 2019, no está previsto un incremento extra del sueldo para los funcionarios, si bien sí que hay un 0,30 por ciento adicional de aumento sujeto a negociación con los sindicatos. En caso de desacuerdo, el Govern es partidario de volver a destinar el grueso de esos fondos adicionales al plan de pensiones del personal de la Generalitat, siguiendo el ejemplo de 2019.

El Govern se ha comprometido con los sindicatos a elaborar un calendario para negociar las medidas sociales, laborales y de flexibilidad o conciliación de la vida laboral y familiar pendientes como la recuperación del fondo de acción social o la productividad.