El Gobierno no derogará el decreto digital pero ofrece negociar para mejorarlo

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho hoy que el Gobierno no se plantea derogar el decreto ley sobre seguridad digital pero está "absolutamente abierto" a trabajar con todos los partidos políticos que quieran incorporar mejoras en el texto en esta legislatura.

Esto servirá para "mejorar el texto y contar con un marco jurídico que se adapte a los nuevos riesgos y retos, que responda a las prioridades de toda la sociedad", y que "permita tener un uso seguro de la red, que responda al interés general, a los valores democráticos y constitucionales y al ordenamiento nacional y europeo", ha dicho Calviño.

La vicepresidenta respondía así en la sesión de control del Congreso, a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, quien preguntó a Calviño si el Gobierno se plantea derogar el decreto-ley sobre administración digital.

La diputada ha recordado que, con carácter excepcional y transitorio, la norma permite al Ejecutivo intervenir las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales.

En la práctica, ha dicho, "permite espiar y cortar cualquier comunicación digital" a partir del concepto genérico de 'orden público' que usan regímenes autoritarios como China, Arabia Saudí, Turquía o Irak.

Además, la norma fue aprobada en campaña electoral, sin pasar por el Congreso, convalidada una Diputación Permanente "sin debate y sin enmiendas", y el resultado es una ley de ocho artículos, de los que siete podrían ser inconstitucionales y vulnerar derechos fundamentales, ha añadido la diputada.

La vicepresidenta ha respondido que el Gobierno está "firmemente comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos, con los valores constitucionales y por el buen uso de las infraestructuras por parte del sector privado y públicos".

Pero la transformación digital de la economía y de la sociedad exigen que los poderes públicos regulen el uso de las infraestructuras y protejan los derechos de los ciudadanos y garanticen el uso adecuado de las redes en el ámbito digital y analógico.

"Y todo esto requiere un nuevo marco normativo que nada tiene que ver con espiar ni nada por el estilo", ha defendido Calviño.

"Pero la interconexión de nuestras redes, nuestro sistema es tan fuerte como el eslabón más débil y por eso necesitamos una política coherente nacional e incluso europea y mundial que nos proteja de los nuevos riesgos, que no conocen fronteras y que nos obligan a actuar de manera coordinada para defender el interés de los ciudadanos".

Ése es el ánimo del Gobierno: "proteger la libertad de expresión y de los ciudadanos, sus derechos y valores democráticos, la seguridad y el buen uso de las redes", ha concluido.