Cs tenía a sueldo a un miembro de la JEC que resolvió asuntos del 'procés'

Los expresidentes del Gobierno central Felipe González y José María Aznar criticaron ayer la mesa de diálogo iniciada entre los gobiernos español y catalán para buscar una solución al “conflicto político” en Catalunya. El exdirigente popular aseguró que la reunión fue “devastadora” y vaticinó que tendrá “muy graves consecuencias”. González, por su parte, le replicó que no fue más que una “performance para lo que viene en otoño” con las elecciones al Parlament. “Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco”, le contestó, a su vez, José María Aznar.

Ciudadanos pagaba un sueldo mensual al catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Andrés Betancor mientras éste ejercía como vocal de la Junta Electoral Central (JEC). Según avanzó ayer El Diario.es, el partido naranja fichó a Betancor como asesor y le proporcionó un despacho en la zona del Congreso de los Diputados reservada para los partidos políticos. Al mismo tiempo, Cs le propuso como miembro de la Junta Electoral Central, en la que fue vocal entre 2017 y 2019. Sin embargo, ni la formación liderada entonces por Albert Rivera ni el propio Betancor informaron al Congreso de la relación laboral entre ambos. Sí que lo comunicó Betancor, sin embargo, a la UPF.

La Fiscalía carga contra el Supremo por no haber previsto medidas que retrasaran estas salidas

Pese a sus vínculos con Cs, el catedrático participó en deliberaciones y resoluciones de gran trascendencia para la política catalana. También incluso cuando el asunto había sido llevado a la JEC por el partido naranja. Así, avaló la decisión del máximo órgano de la administración electoral de vetar las candidaturas de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras a las elecciones europeas. Sin embargo, esta resolución fue tumbada después por el Tribunal Constitucional, que las toleró. Igualmente, emitió un voto particular cuando sus compañeros de la JEC censuraron una entrevista de la dirigente de Cs Inés Arrimadas en el periódico ABC en la jornada de reflexión del 21-D. Betancor intentó convencer a la JEC de que la publicación no merecía reproches.

Además, Betancor fue uno de los firmantes de la orden que instaba al president de la Generalitat, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos de los edificios del Govern antes de las elecciones generales del 28 de abril del año pasado. A la postre, esta resolución es el origen de la causa judicial contra Torra que ha comportado su inhabilitación por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Esta condena, a su vez, provocó que el president perdiera la condición de diputado en el Parlament y que se pusiera en tela de juicio su continuidad al frente de la Generalitat. Así las cosas, el propio Torra anunció ayer la presentación de una querella contra Betancor por cohecho, prevaricación y delito electoral. Por su parte, la portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, calificó este asunto de “incomprensible y bastante intolerable”. Mientras, la líder naranja en Catalunya, Lorena Roldán, afirmó que no hay nada ilegal y que la polémica es una “cortina de humo” del independentismo.

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La Audiencia de Barcelona absolvió ayer a doce activistas de los CDR que se encadenaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para protestar contra la aplicación del 155 a la Generalitat el 23 de febrero de 2018. En la sentencia absolutoria, los magistrados enmarcaron la movilización en la libertad de expresión y subrayaron que la respuesta de los activistas a la actuación de los Mossos consistió en resistencia pasiva y no violenta. En paralelo, la CUP pidió en el Congreso investigar la operación contra otros nueve miembros de los CDR acusados de terrorismo.

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La junta de tratamiento de la prisión de Lledoners aprobó ayer la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a Oriol Junqueras y a Raül Romeva. De esta forma, los que fueran vicepresident y conseller de Exteriores, respectivamente, durante el Govern de Carles Puigdemont ven flexibilizado el régimen de segundo grado que se les aplica y podrán salir del centro penitenciario para trabajar. Ambos lo harán tres veces por semana durante seis horas diarias.

Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar y el PP vinculó esta decisión a la mesa de diálogo entre gobiernos. “Ya empiezan a verse los primeros frutos de la mesa unilateral entre Torra y Sánchez”, sentenció en redes sociales. Tampoco compartió la resolución la Fiscalía, que atribuyó la previsible salida de Junqueras de la prisión a la negativa del Tribunal Supremo a imponer un periodo de seguridad a los condenados por el 1-O, tal y como pidió el propio Ministerio Público. En sintonía con este posicionamiento, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, afirmó que “no es frecuente” obtener permisos con penas tan largas como las que les han sido impuestas a los líderes del procés. También recordó que, para acceder a salidas de prisión, los condenados han de reconocer el delito, cosa que no ha ocurrido en este caso. Asimismo, Bañeres cuestionó el régimen de segundo grado que se les aplica y calificó de “llamativo” que recibieran 2.300 visitas de autoridades en 2018.

Por el momento, siete de los nueve líderes independentistas presos ya disfrutan de un segundo grado flexible. Sólo quedan por acceder al mismo Josep Rull y Jordi Turull.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, admitió ayer que las elecciones al Parlament condicionarán el desarrollo de la mesa de diálogo entre gobiernos que echó a andar el miércoles. El también coordinador nacional de los republicanos desvinculó, no obstante, el voto de ERC a los presupuestos generales del Estado del panorama electoral catalán. Aragonès, que apostó por que los presos y los exiliados ostenten “un papel” en las negociaciones con La Moncloa, también sostuvo que la mesa de diálogo es un “punto de inflexión” con el Estado. En este sentido, confió en que, de las conversaciones, se pueda llegar a la independencia. Por contra, Elsa Artadi, líder de JxCat en el ayuntamiento de Barcelona, subrayó que la Generalitat y el Ejecutivo de Pedro Sánchez viven en “realidades diferentes” .

Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fijó como meta del diálogo “hallar la forma de satisfacer” a los catalanes para que no apuesten por la independencia. Igualmente, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, advirtió de que el derecho a la autodeterminación “no existe”. Entretanto, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pidió que el diálogo no se torne en “pesadilla” y el líder del PP, Pablo Casado, exigió a Sánchez que se levante de una mesa que, a su entender, persigue “romper la soberanía nacional”.