Cs llevará Buch a la fiscalía por su "permissibilitat" con los cortes de la Meridiana

El diputado de Cs Matías Alonso ha explicado que su partido está ultimando una denuncia delante de la fiscalía del TSJC por su "permissibilitat"en los cortes "sistemáticos" de las vías públicas en Barcelona y en toda Catalunya. En el marco de una interpelación al pleno del Parlamento, Alonso ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno delante de los cortes "de forma reiterada y si es preciso violenta" de la avenida Meridiana de la capital catalana. En su turno de réplica, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha reprochado al diputado de Cs que no haya escuchado su argumentación jurídica sobre el derecho a manifestación y le ha lanzado: "Menos amenazas y más escuchar lo que le digo".

Alonso ha negado que Cs esté judicializando la política y ha argumentado la denuncia que preparan para "defender a los millares de catalanes que ven vulnerados sus derechos de forma continuada y en ocasiones con uso de la violencia ilegítima". Según Alonso, los cortes en la Meridiana por parte de independentistas son "indiscriminados, ilegales y arbitrarios" y ha lamentado que se sigan vulnerando los derechos de los vecinos de la Meridiana en contra de los informes "desfavorables" de la Guardia Urbana. Alonso ha recordado que Buch ya está siendo investigado por el TSJC por malversación y prevaricación para dar servicio de escolta a un "fugado de la justicia" en referencia a Carles Puigdemont. Esta referencia ha molestado a Buch, ya que el diputado de Cs no ha tenido en cuenta la presunción de inocencia. "Usted ya me ha sentenciado y ha dicho que corrompí la legalidad. No ha dicho presunto. Como mínimo haga ver que hay un procedimiento justo", ha dicho después de reprochar a Cs que tengan la "costumbre antidemocrática de tener todos los papeles de los aleluyas" citando el caso de Andrés Betancor, el vocal de la Junta Electoral Central (JEC) que cobraba como asesor de Cs. Se trata, según Buch, de una actitud propia de "regímenes antidemocráticos y dictatoriales de otras épocas". Buch ha defendido que, según la legislación, el derecho a manifestación sólo está limitado en caso de que haya alteración del orden público con peligro para las personas y para los bienes. Según el conseller del Interior, no es suficiente que haya dudas sobre el orden público sino que es necesario que la autoridad gubernativa tenga "datos objetivos suficientes".