La Fiscalía también se opone a las salidas de Junqueras e insiste en revocar las de Cuixart

La Fiscalía de Barcelona se posicionó ayer en contra de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al líder de ERC, Oriol Junqueras. En sintonía con los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en anteriores ocasiones, se opuso a la flexibilización del régimen de segundo grado, que permite que el republicano salga de la cárcel de Lledoners para trabajar en Manresa, argumentando que “continúa justificando su actividad delictiva”. Asimismo, a la vez que subrayó que Junqueras no fue condenado por su ideología sino por “la manera de intentar llevarla a término por cauces externos a la legalidad”, manifestó que los permisos concedidos a Junqueras “no influirán positivamente” en el cumplimiento de su condena. Por otra parte, el Ministerio Público también presentó un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión de la titular del juzgado número 5 de vigilancia penitenciaria de Catalunya de validar la resolución de la junta de tratamiento de la prisión de Lledoners por la que se concede la aplicación del 100.2 al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. En paralelo, también se posicionó en contra de la decisión de la cárcel de Puig de les Basses de ampliar las salidas de Dolors Bassa, que fue consellera de Trabajo en el Govern de Carles Puigdemont.

Mientras, las defensas de Junqueras y de Raül Romeva, conseller de Acción Exterior con Puigdemont, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad de la sentencia del 1-O. Este paso es condición sine qua non para poder llevar el fallo del Tribunal Supremo ante la Justicia europea. En el escrito, el líder de los republicanos insta al Constitucional a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Supremo le podía juzgar y condenar antes de que el Parlamento Europeo le retirara la inmunidad. Asimismo, tanto Junqueras como Romeva pidieron su inmediata puesta en libertad. Entretanto, el Constitucional admitió a trámite un recurso interpuesto por Jordi Sànchez contra la decisión del Congreso de los Diputados de retirarle el sueldo de parlamentario. En concreto, los magistrados examinarán acuerdos de la Mesa de la Cámara baja de junio y julio del año pasado que desautorizaron que le pudieran ser abonadas las percepciones económicas propia de la condición de diputado. Sànchez fue elegido diputado en las elecciones del 28 de abril de 2019 en las listas de JxCat.

Llarena no podía vetar a los letrados de Puigdemont pese a su exilio El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el jueves que el Estado español no puede negar el acceso a un procedimiento judicial a un abogado defensor sólo porque su representado no haya respondido a las citaciones y pueda estar obstruyendo una tramitación rápida de la causa. De esta forma, en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Badalona, los magistrados europeos dieron un tirón de orejas al Tribunal Supremo, que maniobró para impedir que los abogados de Carles Puigdemont y del resto de dirigentes independentistas exiliados pudieran participar en la instrucción de la causa por el 1-O. Este pronunciamiento del TJUE está en la línea de los argumentos de Michal Bobek, abogado general de la UE, que denunció que el objetivo de España al negar el derecho a un abogado era forzar la comparecencia del investigado, que no tiene obligación de hacerlo.