Jové y Salvadó, dispensados de comparecer ante el juez por el 1-O

Los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por su participación en la organización del referéndum del 1-O, han quedado dispensados de comparecer ante el juez una vez al mes y se les ha aplazado sine die el pago de la fianza de cerca de casi 4,5 millones que les impuso el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC), tras las nuevas medidas acordadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión permanente del CGPJ acordó el viernes que las comparecencias acordadas en procedimientos penales deben quedar suspendidas con carácter general durante el tiempo que esté en vigencia el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la pandemia del coronavirus. Según este acuerdo, estas comparecencias solo se deberán llevar a cabo en casos excepcionales, como cuando se entiende que existe riesgo de fuga o ocultación y siempre evitando en la medida de lo posible la presencia física, utilizando medios alternativos como los telemáticos.

Libertad provisional para el joven estadounidense detenido en Barcelona en las protestas post sentencia

Los dos diputados de ERC, ex altos cargos de la Generalitat durante el Govern de Carles Puigdemont, están procesados por su participación “activa” en la organización de la consulta del uno de octubre de 2017 y por impulsar las creación de una de las llamadas “estructuras de Estado” de la Hacienda catalana. Ambos están acusados de los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos al haber elaborado un censo con los datos de los catalanes para la celebración del 1-O. El pasado 11 de marzo comparecieron ante el juez instructor del caso en el TSJC para comunicarles su procesamiento, aunque ambos se acogieron a su derecho a no declarar, uno de los últimos trámites antes de que sean llevados a juicio.

En relación a la fianza de 4,5 millones, los procesados presentaron un recurso alegando que parte de la misma ya fue depositada en la causa que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat implicados también en la organización del 1-O y en el procedimiento del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona dejó ayer en libertad provisional al joven norteamericano detenido por la Guardia Urbana el pasado 18 de octubre durante las protestas que se produjeron tras hacerse pública la sentencia del procés. Fiscalía solicita para él seis años de prisión y la expulsión del país.