Junqueras y Romeva recusan a doce magistrados del TC por “parciales”

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva han recusado a los doce magistrados del Tribunal Constitucional por una supuesta falta de imparcialidad justo antes de que el tribunal de garantías revise el recurso de amparo. Los dos líderes independentistas, condenados a 13 y 12 años de prisión respectivamente por el 1-O, acusan al tribunal de “parcial” porque todos sus miembros habían participado ya en decisiones sobre el procés “por más provisionales y limitadas que hayan sido”.

Los posicionamientos a los que hacen referencia son tanto la invalidez de decretos, leyes y resoluciones vinculadas al procés, como la investigación por desobediencia de los líderes independentistas o la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de algunos recursos de los soberanistas, que consideran que se habrían hecho como maniobra para no “internacionalizar” la causa. Esta recusación llega antes de que el tribunal revise el recurso de amparo que ambos presentaron el pasado viernes solicitando la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y su puesta inmediata en libertad mientras se resuelve el recurso.

La recusación llega antes de que el Constitucional revise el recurso de amparo que presentaron el viernes

En su escrito Romeva y Junqueras remarcan que, a pesar de que el Supremo ha considerado que no se puede presentar una recusación contra el propio órgano, si se puede presentar contra personas concretas en base a motivos específicos.

Por otra parte, el abogado Francesc Jufresa ha presentado una petición de indulto para los independentistas condenados por el 1-O “por causas de equidad y de utilidad pública”. En concreto, lo pide para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. En caso de que no les concedan el indulto, reclama que se les sustituya la pena de prisión por otras de inhabilitación. “La sentencia plantea graves problemas no resueltos de imparcialidad en la instrucción, imparcialidad del tribunal y sobre todo una grave afectación del principio de proporcionalidad de la pena en los términos constitucionales”, argumentó el letrado. Además indica que la competencia del Supremo para juzgar estos hechos es “discutible” y que el argumento que utilizan para dar por cerrado este tema es “dudoso”, ya que algunos de ellos fueron escogidos diputados o senadores durante el proceso.